Las sanciones contra Delcy Rodríguez y otros altos cargos venezolanos fueron impuestas en 2018 por la Unión Europea en respuesta a la crisis política y social que atraviesa Venezuela. Entre las medidas figuraban la prohibición de entrada en territorio europeo y la congelación de posibles activos en bancos de la UE. Estas sanciones se aplicaron en un contexto de tensiones por derechos humanos y falta de avances en procesos democráticos en el país hispanoamericano.
Objetivo de la petición
Según explicó el Ejecutivo, la solicitud formal ante la UE persigue ajustar la política comunitaria a los compromisos diplomáticos vigentes y facilitar una relación más fluida con Venezuela. El Gobierno considera que la persistencia de estas sanciones, en las condiciones actuales, puede afectar algunos aspectos de cooperación en materia de migración, comercio y diálogo político.
Trámite en la Unión Europea
Tras la solicitud española, corresponde a los Estados miembros de la UE debatir y decidir sobre la retirada de las sanciones. Este procedimiento implica consultas entre los países integrantes, donde cada gobierno valorará si las condiciones políticas y de derechos humanos en Venezuela justifican la modificación de las medidas restrictivas.
Reacciones políticas
La decisión ha generado diversas reacciones dentro del espectro político español. Algunos grupos han respaldado la medida como un paso hacia la normalización de relaciones con Venezuela y un reconocimiento de la necesidad de diálogo. Otros han pedido cautela, subrayando que cualquier modificación en las sanciones comunitarias debe ir acompañada de avances claros en materia de respeto a los derechos humanos y procesos democráticos en Venezuela.
