El Congreso de los Diputados ha rechazado, por segunda vez en menos de un mes, la senda de estabilidad y deuda pública para 2026-2028, un revés que complica la planificación económica del Gobierno de Pedro Sánchez. La votación salió adelante con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, que volvieron a tumbar los mismos objetivos fiscales que ya habían rechazado el pasado 27 de noviembre.
La sesión ha estado marcada por la ausencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el último pleno del año, lo que ha dejado a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defendiendo en solitario la propuesta del Ejecutivo. Pese al rechazo, Montero ha confirmado que el Gobierno seguirá adelante con la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2026, aunque deberán construirse sobre una senda más estricta para las comunidades autónomas.
Podemos y Compromís se abstuvieron, mientras que el resto de formaciones del bloque progresista apoyó el texto. Desde Junts, sin embargo, advirtieron a Montero de que el incumplimiento con Cataluña tendrá consecuencias: “Ni objetivos hoy ni Presupuestos mañana”, afirmó Josep Maria Cruset.
Aprobada la subida salarial de los funcionarios pese al voto en contra de Vox
En contraste con el bloqueo fiscal, el Congreso sí convalidó el decreto ley que revaloriza el salario de los funcionarios, que recibió el apoyo mayoritario de los grupos salvo el voto negativo de Vox y la abstención de Junts.
El decreto permite aplicar ya en enero un incremento del 4% en las nóminas de 2025 y 2026, con la posibilidad de sumar otro 0,5% adicional si la inflación de 2026 supera el 1,5%. La medida afecta a cientos de miles de empleados públicos y se aprueba tras meses de reivindicaciones de organizaciones como CSIF.
El Congreso también aprueba la nueva Ley de Atención a la Clientela
Durante la misma sesión, el Congreso dio luz verde definitiva a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, tras votar las enmiendas incorporadas por el Senado. El texto se enviará ahora al BOE para su publicación.
Con esta norma, se regulan y endurecen las obligaciones de las empresas en materia de atención al cliente, especialmente en sectores como telecomunicaciones, energía o servicios financieros.
