Los alcaldes socialistas de la Federación de Municipios de Madrid (FMM) han anunciado que llevarán a los tribunales la reciente reforma del reglamento interno de la institución, al considerar que “coarta nuestra libertad de expresión y participación”. Los regidores acusan a la presidenta del organismo, la popular Judith Piquet, de “abuso de poder, censura y secuestro institucional” con el objetivo de “convertir la Federación en una herramienta al servicio de Isabel Díaz Ayuso”.
En una rueda de prensa celebrada en la sede de la FMM, los socialistas denunciaron el “carácter autoritario y unilateral” de la modificación aprobada el lunes, que limita las intervenciones a cinco minutos por grupo político, en lugar de permitir que cada alcalde pueda intervenir individualmente en función de los problemas específicos de su municipio. “Antes veníamos a hablar como alcaldes; ahora nos obligan a hacerlo como grupo político, aunque los problemas locales sean muy diferentes”, lamentaron.
Entre los asistentes al encuentro se encontraban el alcalde de Parla y vicepresidente segundo de la FMM, Ramón Jurado, la regidora de Alcorcón, Candelaria Testa, el alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, y la alcaldesa de Ciempozuelos, Raquel Jimeno, además de representantes de municipios como Velilla de San Antonio, Rivas Vaciamadrid, Alcalá de Henares o Móstoles.
Los dirigentes socialistas calificaron la medida como un “atropello democrático” y denunciaron que la presidenta de la FMM podrá “llamar al orden o retirar la palabra” a los ponentes, una potestad que consideran impropia de un órgano que, según recordaron, “debería representar los intereses de los municipios y no los de un partido político”.
“La Federación de Municipios de Madrid se ha convertido en la Federación del Partido Popular”, denunciaron los alcaldes, que acusaron a Piquet de eliminar “todas las fórmulas de participación y diálogo” que habían caracterizado a la entidad en sus 45 años de existencia.
El conflicto se agravó durante la aprobación de una declaración institucional por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que, según los socialistas, fue presentada con el logo del PP y sin aceptar “ni una sola coma” de las enmiendas presentadas por los municipios progresistas. “Hasta ahora, aunque hubiera diferencias políticas, las declaraciones se consensuaban y se aprobaban. Hoy ese espíritu se ha roto”, afirmó Candelaria Testa.
Ante esta situación, los alcaldes del PSOE-M han anunciado que presentarán un recurso contencioso-administrativo contra la reforma y, en paralelo, recurrirán también ante la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). “Vamos a acudir a los tribunales porque no vamos a permitir que se vulnere nuestro derecho a participar y a representar a nuestros vecinos”, aseguraron.
Durante la comparecencia, los regidores también reclamaron el cese inmediato del secretario general de la FMM, José Manuel Zarzoso, líder del PP de Parla, por sus “reiterados insultos” en redes sociales. “Es intolerable que el señor Zarzoso represente a esta institución. La presidenta lo ampara y eso la hace cómplice”, denunciaron.
Por su parte, Judith Piquet restó importancia a las acusaciones y defendió la legitimidad de la reforma. “La Federación de Municipios de Madrid va a seguir trabajando por los intereses de las ciudades y pueblos madrileños, pese al ruido que algunos intentan generar desde dentro”, afirmó, insistiendo en que el nuevo reglamento garantiza “un funcionamiento claro y eficaz”.
Desde el Partido Popular de Madrid, el secretario general Alfonso Serrano acusó al PSOE de “boicotear” la institución. “Lo que buscan es bloquear el trabajo de la FMM, una entidad que Pedro Sánchez no controla”, replicó.
El conflicto pone de manifiesto la creciente tensión política en el municipalismo madrileño, donde los socialistas denuncian una deriva partidista del organismo y los populares acusan a la oposición de “politizar la Federación con fines partidistas”. Mientras tanto, los tribunales decidirán si la reforma del reglamento vulnera o no los derechos de los alcaldes en su representación institucional.
