Caso Koldo

Ábalos llega en taxi al Supremo para declarar en una cita clave del ‘caso Koldo’ y se juega su libertad

El exministro José Luis Ábalos declara hoy en el Tribunal Supremo por el ‘caso Koldo’, tras renunciar a su abogado y con las acusaciones pidiendo prisión

José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre
photo_camera José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre

El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha llegado este miércoles al Tribunal Supremo a las 9:15 horas de la mañana en taxi y sin abogado, para comparecer por cuarta vez ante el juez instructor del ‘caso Koldo’, Leopoldo Puente. La cita, fijada para las 10:00 horas, es considerada decisiva para su futuro judicial, ya que las acusaciones volverán a solicitar su ingreso en prisión provisional.

Una llegada en solitario y bajo máxima expectación

La imagen de Ábalos llegando solo, sin escolta ni asistencia letrada, ha llamado la atención de los medios congregados frente a la sede del Alto Tribunal. El exministro, que renunció el pasado lunes a su abogado por discrepancias en la estrategia de defensa, acudió directamente desde el Congreso de los Diputados, donde minutos antes había asistido a la sesión de control al Gobierno.

Fuentes judiciales confirman que su nuevo abogado aún no ha sido formalmente designado, lo que ha generado dudas sobre el desarrollo de la comparecencia. No obstante, el tribunal ha garantizado que el exministro contará con asistencia letrada de oficio durante la declaración.

El foco del ‘caso Koldo’: ingresos irregulares y contratos públicos

Ábalos se enfrenta nuevamente al magistrado Puente después de que el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señalara la existencia de ingresos irregulares vinculados a su entorno durante más de una década.

La investigación, conocida como el ‘caso Koldo’, gira en torno a un presunto entramado de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas durante su etapa como ministro de Transportes y como dirigente del PSOE. En el centro del caso se encuentra Koldo García Izaguirre, exasesor y hombre de confianza de Ábalos, ya procesado por delitos de cohecho, blanqueo y tráfico de influencias.

Los agentes de la UCO han documentado transferencias y movimientos bancarios que, según las acusaciones, no se corresponden con la actividad declarada del exministro ni de su entorno inmediato.

Las acusaciones piden prisión provisional

La cita ante el Supremo reviste especial gravedad. Según fuentes próximas al procedimiento, las acusaciones populares y particulares pedirán al juez el ingreso inmediato en prisión provisional de Ábalos, alegando riesgo de destrucción de pruebas y de fuga.

La Fiscalía, por su parte, no ha hecho pública todavía su postura, aunque se espera que en la vistilla de medidas cautelares, prevista tras la declaración, el Ministerio Público exponga su posición definitiva.

La sesión podría prolongarse durante varias horas y se celebra a puerta cerrada, dado que el procedimiento se encuentra aún en fase de instrucción.

Un exministro cada vez más aislado

La situación judicial de Ábalos ha ido empeorando en las últimas semanas, especialmente tras la ruptura con su equipo legal y la falta de apoyo político por parte de la dirección del PSOE.

Fuentes del partido aseguran que Ferraz mantiene la “máxima prudencia” y que su caso “corresponde exclusivamente a la justicia”. Desde el Gobierno, ningún ministro ha querido valorar públicamente la citación.

El exministro, que conserva su acta de diputado, se encuentra suspendido de militancia y ha rechazado dimitir, argumentando que es víctima de una “campaña política y mediática”.

El Supremo decidirá sobre su libertad

Una vez concluida la declaración, el juez Puente celebrará una vistilla para decidir si adopta medidas cautelares contra Ábalos, entre ellas la prisión preventiva, la retirada de pasaporte o la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado.

El magistrado ya había advertido en anteriores comparecencias de la gravedad de los delitos investigados, que incluyen cohecho, malversación, prevaricación y blanqueo de capitales.

De confirmarse las sospechas de la UCO, el caso podría implicar una derivada política de gran alcance, al afectar a uno de los miembros más relevantes del Gobierno de Sánchez en la pasada legislatura.