Los datos recogidos por la memoria anual del servicio revelan que la problemática es diversa. Del total de consultas recibidas, casi la mitad (48%) correspondieron estrictamente a casos de ocupación ilegal. El resto de la actividad se repartió entre conflictos derivados de alquileres (21%), situaciones de riesgo de ocupación detectadas por los vecinos (12%) y problemas de convivencia ciudadana vinculados a estos inmuebles (12%).
La labor operativa de la Policía Local ha sido fundamental en este periodo, sumando un total de 9 inspecciones o visitas técnicas a inmuebles bajo sospecha, 8 mediaciones para intentar resolver conflictos de forma pacífica, 6 identificaciones de ocupantes ilegales y 5 intervenciones contra enganches irregulares a los suministros de agua y luz.
Prevención y acompañamiento frente a la lentitud judicial
Uno de los pilares del modelo de Galapagar es el Registro de Viviendas en Riesgo, una herramienta preventiva que permite intensificar la vigilancia en zonas vulnerables. El ayuntamiento ha detectado que la lentitud de los procesos judiciales actuales sigue siendo el principal obstáculo para los propietarios, lo que provoca que muchas ocupaciones se prolonguen más de lo deseado.
Pese a que el consistorio carece de competencias para ejecutar desalojos sin orden judicial, la oficina ha logrado reducir la sensación de desamparo de los afectados mediante orientación jurídica especializada. El servicio explica a los dueños las vías civiles y penales disponibles, la documentación necesaria y cómo proceder ante los tribunales, garantizando siempre una actuación coordinada con Servicios Sociales en casos donde hay menores o personas vulnerables implicadas.
Un compromiso con la propiedad privada
Con estos resultados, el Gobierno municipal ratifica la continuidad de la Oficina Antiokupación. El objetivo para 2026 es seguir reforzando la vigilancia activa y la información a los propietarios.
Desde el ayuntamiento envían un mensaje claro: en Galapagar existe una estructura de control y una coordinación institucional firme para proteger la seguridad jurídica y la convivencia vecinal frente a quienes actúan al margen de la ley.
