La ley, que unifica en un solo organismo las investigaciones técnicas de accidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, establecía que la autoridad debía contar con un marco organizativo propio antes de comenzar a operar. Ese estatuto es imprescindible para que la institución tenga personal asignado, presupuesto operativo y competencias plenamente delimitadas. Sin él, el organismo existe sobre el papel, pero no puede iniciar actividad real.
El mandato legal fijaba un periodo máximo de un año para completar el desarrollo normativo. La mitad de ese plazo ya se ha consumido sin que el Gobierno haya remitido el documento a tramitación. Tampoco se han comunicado calendarios o previsiones oficiales sobre cuándo se aprobará.
¿Qué supondrá la futura autoridad?
La nueva institución absorberá las funciones de las tres comisiones que actualmente investigan los siniestros en cada modo de transporte. La idea es contar con un único organismo técnico, con personalidad jurídica propia, medios estables y autonomía respecto al Ministerio de Transportes, que pueda analizar las causas de los accidentes con mayor independencia.
El modelo sigue el patrón de las agencias que funcionan en otros países europeos, donde la investigación técnica se mantiene separada de responsabilidades administrativas, regulatorias o operativas.
Reacciones ante la demora
La falta de avances ha generado inquietud en círculos vinculados a la seguridad ferroviaria y en colectivos de usuarios. Muchos consideran que el retraso prolonga un esquema que ya estaba en discusión desde hace años: comisiones con independencia funcional, pero integradas en la estructura del propio ministerio.
El siniestro de Adamuz reaviva la demanda de una entidad con mayor autonomía para analizar los accidentes graves. A pesar de esa presión social, los pasos necesarios para activar la nueva autoridad siguen sin completarse.
La transición queda en suspenso
Mientras el estatuto no esté aprobado, las tres comisiones actuales continúan actuando conforme a su normativa previa. La integración de equipos, la reorganización de funciones y el traslado de expedientes a la futura autoridad quedarán aplazados hasta que el Gobierno apruebe el marco que dé forma definitiva a la institución.
El retraso, aunque no impide que las investigaciones sigan en marcha, sí bloquea la aplicación de un modelo que pretendía actualizar los procedimientos y reforzar la transparencia en la investigación técnica de accidentes.
¿Quién va a investigar el accidente en Adamuz?
Ante la falta de creación de esta autoridad, la investigación sobre el accidente ocurrido en Adamuz (Córdoba) recae en la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que inició su actividad el 11 de diciembre de 2007 como organismo independiente para la investigación técnica de los siniestros acaecidos en la red.
