La Dirección General de Tráfico (DGT) y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) han puesto en marcha un nuevo convenio de colaboración que permitirá comprobar en tiempo real la condición de conductor profesional mediante el intercambio automático de información entre ambas administraciones.
El acuerdo, aprobado por Resolución de 20 de enero de 2026, introduce un sistema que busca agilizar los trámites administrativos y reforzar la seguridad vial, evitando que trabajadores del sector del transporte ejerzan sin tener vigente su permiso de conducción o sin cumplir los requisitos laborales exigidos.
Con el nuevo modelo, la DGT podrá reconocer a un trabajador como conductor profesional cuando se cumplan tres condiciones: que la empresa esté registrada en un CNAE vinculado al transporte, que exista una relación laboral activa y que el trabajador cotice con la clave de ocupación correspondiente. Solo cuando coincidan estos elementos, el sistema confirmará oficialmente su condición.
El convenio incorpora además la conexión con la red europea EUCARIS, lo que permitirá verificar si el conductor ha perdido la vigencia de su permiso en otro Estado miembro de la Unión Europea. Esta condición será determinante también para acceder a determinados beneficios, como los cursos de recuperación parcial de puntos o la reducción de los plazos de inhabilitación tras la pérdida total del saldo.
Uno de los principales cambios es la eliminación de trámites para el trabajador. A partir de ahora, ya no será necesario presentar certificados o informes de vida laboral, ya que la consulta se realizará directamente entre administraciones. El sistema también se aplicará a los trabajadores autónomos, que deberán figurar correctamente dados de alta en actividades de transporte para ser reconocidos como profesionales.
No obstante, el nuevo modelo aumenta la dependencia de la exactitud de los datos administrativos. Errores en el CNAE, en la clasificación profesional o en la cotización pueden impedir el reconocimiento como conductor profesional, lo que podría afectar al acceso a beneficios o incluso al ejercicio de la actividad.
Desde el ámbito jurídico, especialistas en tráfico y transporte señalan que el convenio supone un avance en la digitalización de la Administración, pero también abre el debate sobre el alcance del control institucional. La automatización reduce la burocracia, pero al mismo tiempo permite que las incidencias laborales o administrativas puedan detectarse casi de forma inmediata, lo que obliga a empresas y trabajadores a extremar el cuidado en la gestión de altas y comunicaciones.
El nuevo sistema refleja la tendencia creciente hacia una gestión pública basada en la interconexión de datos: menos trámites visibles para el ciudadano y mayor control automatizado sobre las condiciones profesionales en sectores estratégicos como el transporte.
