La controversia nace de la Disposición Adicional Trigésima Primera de la Ley 9/2025 de Movilidad Sostenible. Esta norma fue diseñada para recuperar el estándar histórico de protección que Renfe mantuvo durante dos décadas, el cual garantizaba la devolución del 50% del importe por retrasos de 15 minutos y del 100% por demoras superiores a media hora.
Sin embargo, tras la entrada de nuevos operadores en 2024, el sistema se flexibilizó hasta los 60 y 90 minutos. Aunque la nueva ley ordenó retomar los umbrales más estrictos a partir de 2026, la OCU señala que el Ministerio se escuda en la falta de un desarrollo reglamentario para no aplicar la medida, algo que la organización considera innecesario para la eficacia de la ley.
Suspensión de compromisos por Renfe e Iryo
La situación se ha agravado tras los anuncios de Renfe e Iryo de suspender temporalmente sus compromisos voluntarios de puntualidad. Ambas operadoras justifican esta decisión por las limitaciones de velocidad impuestas por Adif en ciertos tramos de la red. Para la OCU, esta maniobra deja a miles de usuarios desprotegidos ante el incremento de incidencias y cancelaciones recientes.
La organización sostiene que el derecho a estas indemnizaciones es plenamente exigible desde el primer día del año y acusa al Ejecutivo de desoír un mandato legal claro. En su misiva, solicitan un calendario de ejecución transparente y órdenes directas a las operadoras para que ajusten sus sistemas de reclamación a la legalidad vigente.
Vigilancia y posibles medidas legales
Ante lo que consideran una inactividad deliberada del Gobierno, la OCU ha advertido que intensificará su actividad institucional si no se producen cambios inmediatos. Recuerdan que cada jornada de retraso supone una pérdida económica directa para los viajeros que ya tienen reconocido ese derecho por ley.
La petición al Ministerio incluye la publicación urgente del reglamento pendiente y la fiscalización de las operadoras para asegurar que los ciudadanos reciban las compensaciones automáticas que establece el nuevo marco jurídico ferroviario.
