Las calles de León fueron escenario este sábado de una multitudinaria protesta en la que más de un millar de trabajadores forestales reclamaron a la Junta de Castilla y León un dispositivo 100% público durante todo el año y el reconocimiento de la categoría profesional de bomberos forestales. La marcha llega tras una dura campaña estival marcada por los graves incendios de agosto, que arrasaron miles de hectáreas en la provincia.
La concentración, convocada por la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León (ATIFCYL), recorrió las principales calles de la capital leonesa, donde se pudieron ver batefuegos en alto y hogueras simbólicas en señal de protesta.
Uno de los participantes, Víctor Moro López, de la Base Helitransportada de Sahechores, subrayó la necesidad de que el operativo sea estable todo el año: “No solo extinguimos incendios en verano, también realizamos labores de prevención esenciales frente al cambio climático”. Además, denunció condiciones de trabajo extremas, con jornadas de hasta 20 horas y descansos mínimos de 10, y reclamó condiciones laborales dignas, jubilación anticipada y protección frente a riesgos cancerígenos.
Otro de los portavoces, Pablo Zurro, alertó del desmantelamiento de torres de vigilancia y de la falta de detección temprana de incendios, lo que calificó de una estrategia “irresponsable” que ha contribuido a los últimos desastres. También denunció condiciones “tercermundistas” en las bases de trabajo, sin duchas, taquillas ni agua corriente.
La protesta también tuvo un fuerte componente político. Representantes del PSOE, la Unión del Pueblo Leonés e Izquierda Unida acompañaron a los manifestantes y exigieron la dimisión del consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por lo que califican de gestión deficiente, falta de medios y soberbia ante la crisis. Desde el PSOE, Nuria Rubio recordó que “en junio el consejero aseguraba que todo estaba preparado mientras a los brigadistas se les daba un simple bocadillo”.
La Unión del Pueblo Leonés y Izquierda Unida coincidieron en la necesidad de un operativo totalmente público, con mejores salarios, prevención y recursos adecuados, tras una temporada que ha dejado más de 120.000 hectáreas arrasadas en la región leonesa.
Los manifestantes advirtieron que continuarán con sus reivindicaciones hasta que la administración atienda sus demandas y garantice la profesionalización y dignificación del colectivo, clave en la defensa del patrimonio natural de Castilla y León.
