La Asamblea de Madrid ha dado luz verde a la primera Ley de Caza y Pesca de la Comunidad de Madrid, una normativa que unifica en un único marco legal la regulación de ambas actividades y que, según el Ejecutivo regional, busca mejorar la gestión de la biodiversidad, aportar mayor seguridad jurídica al sector y favorecer el desarrollo económico de las zonas rurales.
La nueva legislación incorpora medidas orientadas a la conservación de los ecosistemas, la modernización administrativa y el control de especies sobreabundantes, además de actualizar aspectos relacionados con la seguridad y el régimen sancionador.
Un marco legal único para la actividad cinegética y piscícola
La nueva norma integra por primera vez la regulación de la caza y la pesca en un solo texto legislativo. El Gobierno autonómico considera que ambas actividades desempeñan un papel relevante en la gestión del medio natural, además de generar actividad económica en numerosos municipios madrileños.
La ley está dirigida tanto a los profesionales vinculados al sector primario como a los aficionados a estas prácticas deportivas y recreativas, con el objetivo de compatibilizar la actividad humana con la conservación del entorno.
Planes de Control Poblacional para especies sobreabundantes
Entre las principales novedades destaca la creación de los Planes de Control Poblacional, una herramienta que permitirá a los ayuntamientos actuar sobre especies cuya presencia excesiva puede generar problemas ambientales, agrícolas o de seguridad.
Estos planes estarán especialmente enfocados en animales como el jabalí o el conejo, cuya proliferación puede provocar daños en cultivos, accidentes de tráfico o desequilibrios en determinados ecosistemas.
La medida permitirá intervenir fuera de los periodos ordinarios de captura cuando existan razones técnicas o de interés público que lo justifiquen.
Cambios en la regulación de la pesca
En materia piscícola, la legislación simplifica la clasificación de las masas de agua, que quedarán organizadas en tres categorías: cotos de pesca, aguas en régimen especial y aguas privadas.
Además, la norma presta especial atención a especies emblemáticas de los ecosistemas fluviales madrileños, como la trucha, así como a otras de gran interés para la actividad deportiva en embalses y cursos bajos de los ríos, entre ellas la carpa y el lucio.
Actualmente, la Comunidad de Madrid cuenta con 34 tramos regulados de pesca que suman 347 kilómetros de longitud y más de 46.000 licencias en vigor.
Digitalización de licencias y trámites administrativos
Otro de los ejes de la nueva ley es la modernización administrativa. El texto contempla la implantación de licencias digitales y la tramitación electrónica de los procedimientos relacionados con la caza y la pesca.
La medida pretende agilizar la gestión, reducir cargas burocráticas y facilitar el seguimiento y control de estas actividades por parte de la Administración.
En la actualidad existen 45.044 licencias de caza activas en la región y cerca del 71 % de la superficie madrileña, equivalente a 572.254 hectáreas, está considerada terreno cinegético.
Más medidas de seguridad y actualización de sanciones
La normativa también introduce cambios en materia de seguridad. Entre ellos destaca el aumento de la distancia mínima para la práctica de la actividad cinegética respecto a los núcleos urbanos, que pasa de 100 a 150 metros.
Asimismo, se establece por primera vez una superficie mínima general de 250 hectáreas para los cotos de caza, aunque en el caso de la caza menor podrán autorizarse terrenos desde 50 hectáreas siempre que exista una justificación técnica.
Por otra parte, se actualiza el régimen sancionador. Las infracciones leves podrán ser castigadas con multas de entre 200 y 1.000 euros; las graves, entre 1.000 y 10.000 euros; y las muy graves, entre 10.000 y 80.000 euros.
Una ley orientada al equilibrio ambiental y al medio rural
Desde el Ejecutivo regional se destaca que esta nueva regulación pretende compatibilizar la protección de los ecosistemas con la actividad económica ligada al medio natural, ofreciendo herramientas para mejorar la gestión de la fauna y reforzar la conservación de los recursos naturales.
La elaboración de la ley ha contado con la participación de representantes del sector, entidades sociales y expertos, además de diversas aportaciones realizadas durante su tramitación parlamentaria.
