La Asociación Vecinal PAU del Ensanche de Vallecas ha expresado su rechazo frontal al nuevo contrato de 15 años que el Ayuntamiento de Madrid prevé licitar para la gestión del Centro de Tratamiento de Residuos de Las Lomas, en Valdemingómez, al considerar que perpetúa el modelo de incineración en el sureste de la capital y no garantiza la protección de la salud de los vecinos. El colectivo vecinal, respaldado por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), denuncia además que la instalación funciona desde el 1 de enero de 2026 bajo una “orden de continuidad”, tras haber expirado el contrato anterior sin que exista todavía una nueva adjudicación formalizada.
La decisión del Ayuntamiento de licitar el contrato fue autorizada el pasado 19 de febrero y, según la asociación, consolida una estrategia que prolonga la actividad de la incineradora durante al menos una década más. Desde el movimiento vecinal recuerdan que miles de familias del sureste madrileño llevan años reclamando un plan definitivo de cierre de la planta, debido a los posibles efectos sobre la salud derivados de las emisiones contaminantes.
Un cierre previsto solo como posibilidad a partir de 2035
Uno de los principales puntos de crítica es que el contrato contempla la posibilidad de cerrar la incineradora a partir de 2035, pero únicamente si se cumplen los objetivos legales de reducir el vertido de residuos hasta un máximo del 10 %. Para la asociación vecinal, este planteamiento supone un horizonte incierto y carente de compromiso político firme.
Los vecinos consideran que la medida es “tremendamente decepcionante”, ya que no existe un calendario claro ni un plan específico para el desmantelamiento de la planta. Además, advierten de que el contrato incluye inversiones destinadas a mejorar las instalaciones de clasificación e incineración, lo que podría implicar un mayor aprovechamiento de la capacidad de la planta y, por tanto, un posible aumento de emisiones contaminantes en el entorno residencial.
La planta funciona actualmente sin contrato formal
La asociación también ha denunciado la situación administrativa en la que se encuentra actualmente la incineradora. El contrato anterior de explotación finalizó el 31 de diciembre de 2025, por lo que desde comienzos de 2026 la planta continúa operando únicamente mediante una orden de continuidad.
Según el calendario actual de la licitación municipal, el plazo para presentar ofertas se prolongará hasta el 25 de mayo de 2026, lo que significa que la instalación podría acumular al menos cinco meses de funcionamiento sin contrato oficial.
Los vecinos recuerdan que no es la primera vez que ocurre una situación similar, ya que en 2020 la planta también operó durante 19 meses sin contrato de explotación formalizado.
Posible incumplimiento de la normativa europea
Otra de las preocupaciones del movimiento vecinal está relacionada con la adaptación de la planta a la normativa ambiental europea. En diciembre de 2019, la Unión Europea publicó las conclusiones sobre Mejores Técnicas Disponibles (MTD) para instalaciones de incineración, estableciendo un plazo de adaptación que finalizó en diciembre de 2023.
Según la asociación vecinal y la FRAVM, la incineradora de Las Lomas no se ha adaptado todavía a estas exigencias técnicas, lo que motivó la presentación de una petición ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para investigar el caso.
La petición continúa abierta después de que la comisión parlamentaria decidiera recientemente mantener la investigación en curso, lo que mantiene la gestión del complejo de Valdemingómez bajo el escrutinio de las instituciones europeas.
Críticas al canon de compensación económica
El nuevo contrato también incluye un canon anual del 5 % de los ingresos obtenidos por la venta de energía eléctrica, con un mínimo de 500.000 euros y un máximo de un millón de euros, que se destinará a inversiones en el distrito de Villa de Vallecas.
Para la asociación vecinal, esta medida constituye “un reconocimiento implícito de los efectos nocivos de la incineración”, ya que, a su juicio, supone admitir la existencia de impactos negativos sobre la población.
Sin embargo, consideran que la compensación es insuficiente, ya que equivaldría a entre 4 y 8 euros por habitante del distrito. Desde el colectivo insisten en que la salud de los vecinos no puede ser compensada económicamente y reclaman que las políticas de reequilibrio territorial se aborden con medidas estructurales y no como contraprestación por mantener la planta en funcionamiento.
Reivindicaciones del movimiento vecinal
Ante esta situación, la asociación vecinal ha reiterado una serie de demandas dirigidas al Ayuntamiento de Madrid. Entre ellas destaca la elaboración de un plan de cierre claro, calendarizado y verificable para la incineradora de Valdemingómez, así como el cumplimiento inmediato de la normativa europea sobre emisiones y la paralización de la planta mientras no se adapte a las Mejores Técnicas Disponibles.
Además, los vecinos reclaman mayor transparencia en los controles ambientales, la puesta en marcha de mediciones periódicas de contaminantes en el entorno del parque tecnológico y la creación de una comisión de seguimiento del plan de cierre con participación de entidades sociales, vecinales y ecologistas.
El movimiento vecinal también exige una nueva estrategia municipal de prevención y gestión de residuos, basada en los principios de la economía circular y orientada a reducir la generación de residuos sin recurrir a la incineración.
Con el lema “Nuestra salud no se vende”, la asociación insiste en que el barrio del Ensanche de Vallecas y el distrito de Villa de Vallecas no pueden seguir soportando las consecuencias de la gestión de residuos de toda la ciudad, y reclama una política ambiental que priorice la salud pública y la sostenibilidad.
