La Directiva (UE) 2023/970 entra en vigor este domingo con el objetivo de garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres que desempeñan trabajos de igual valor. La normativa introduce nuevas obligaciones para las empresas, especialmente aquellas con más de 100 trabajadores, que deberán adaptar sus políticas retributivas para cumplir con los nuevos requisitos de transparencia.
La nueva regulación busca avanzar en la eliminación de las brechas salariales de género mediante mecanismos que permitan una mayor claridad en los sistemas de remuneración y una supervisión más exhaustiva de las diferencias retributivas dentro de las organizaciones.
Nuevas obligaciones para las empresas
Entre las medidas contempladas por la directiva destaca la obligación de publicar información salarial en los procesos de selección, así como garantizar el derecho de los empleados a acceder a datos sobre los niveles retributivos existentes en sus organizaciones.
Además, las empresas deberán corregir aquellas diferencias salariales superiores al 5 % que no puedan justificarse mediante criterios objetivos, una de las principales novedades introducidas por la normativa europea.
La legislación también exige la elaboración de informes detallados sobre la brecha salarial de género, la implantación de sistemas de valoración de puestos basados en criterios objetivos y trazables, así como la revisión de los procesos de selección y promoción para evitar posibles sesgos discriminatorios.
La transparencia salarial como herramienta de equidad
Según destaca TÜV SÜD, compañía especializada en inspección, ensayos y certificación, estas medidas pretenden reforzar la equidad interna dentro de las organizaciones y aumentar la confianza de trabajadores y candidatos en los sistemas de remuneración.
Para facilitar la adaptación empresarial a la nueva normativa, la compañía ha desarrollado la herramienta denominada ‘Diagnosis de cumplimiento legal de la Ley de Transparencia Salarial 2026’, un servicio diseñado para evaluar el grado de preparación de las empresas, detectar posibles riesgos de incumplimiento y definir planes de actuación personalizados.
Una oportunidad para mejorar la competitividad
La Business Line Manager de TÜV SÜD Iberia, Lourdes Mora, considera que la nueva directiva debe interpretarse más allá de una simple obligación normativa.
“Esta directiva no debe enfocarse únicamente como una obligación legal, sino como una oportunidad de diferenciación y competitividad, reforzando la mejora organizacional, la transparencia, la equidad interna y la confianza dentro de la organización”, señaló.
La herramienta de diagnóstico desarrollada por la compañía analiza aspectos como la estructura salarial, los sistemas de clasificación profesional, los procesos de selección y promoción, así como los mecanismos destinados a identificar y corregir posibles desigualdades salariales.
Preparación para evitar riesgos y sanciones
La normativa establece también que las empresas deberán definir y comunicar de manera clara los criterios utilizados para fijar las retribuciones.
En este sentido, desde TÜV SÜD subrayan que una preparación adecuada permitirá reducir riesgos reputacionales, evitar posibles sanciones y garantizar el cumplimiento de los principios de igualdad que promueve la legislación europea.
Entre las medidas que deberán implantarse figuran igualmente la publicación de rangos salariales en las ofertas de empleo y el desarrollo de nuevos sistemas de información y seguimiento retributivo.
Un paso más hacia la igualdad en el ámbito laboral
La entrada en vigor de esta directiva convierte la transparencia salarial en una cuestión estratégica para las organizaciones, especialmente para aquellas con más de 100 trabajadores.
La normativa es considerada un avance relevante en la promoción de la igualdad de género dentro del mercado laboral, al impulsar mecanismos destinados a mejorar la equidad salarial y eliminar barreras discriminatorias en los procesos de contratación y promoción profesional.
Con esta medida, España se incorpora al esfuerzo europeo para fortalecer la igualdad retributiva, promoviendo una mayor cohesión social y una gestión más transparente dentro de las empresas.
