A partir de septiembre, los madrileños deberán afrontar un nuevo gasto en sus hogares: la tasa de gestión de residuos, que vuelve a la capital tras una década sin cobrarse. El Ayuntamiento de Madrid comenzará a emitir los recibos de este tributo, obligatorio en todos los municipios de más de 5.000 habitantes, en cumplimiento de la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.
En la capital, la medida afectará a 1,5 millones de viviendas y cerca de 1,4 millones de contribuyentes, con un ingreso estimado de 296 millones de euros para las arcas municipales. De media, cada vivienda abonará 140 euros anuales y los locales comerciales alrededor de 310 euros, aunque la cuota variará en función del valor catastral del inmueble, la cantidad de residuos generados en cada barrio y la calidad en la separación de los desechos.
Grandes diferencias entre barrios
El importe de la tasa oscilará entre los 45 euros en San Cristóbal (Villaverde) y los 574 euros en El Plantío (Moncloa-Aravaca). Otros barrios con recibos especialmente elevados son El Viso (457 euros), Recoletos (430 euros), Los Jerónimos (427 euros) o Castellana (385 euros). En el extremo opuesto se sitúan zonas como Pradolongo y Zofío (59 euros), en Usera, o Amposta (62 euros), en San Blas-Canillejas.
Reducciones y exenciones
El Ayuntamiento ha establecido rebajas en la cuota para determinados colectivos:
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Familias numerosas, con reducciones de entre el 10 % y el 90 % según el valor catastral y categoría.
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Viviendas vacías y locales sin actividad, que solo abonarán la tarifa básica.
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Perceptores del Ingreso Mínimo Vital o de la Renta Mínima de Inserción, que podrán solicitar la exención total.
No tendrán que pagar la tasa los garajes, trasteros vinculados a una vivienda ni los solares o edificios en ruina.
Polémica política
La entrada en vigor de la tasa ha generado controversia y críticas de la oposición. PSOE, Más Madrid y Vox han presentado recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, coincidiendo en que se trata de un tributo injusto. Rita Maestre (Más Madrid) la ha calificado de “chapucera”, mientras que Vox la considera “un impuesto encubierto”.
El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y su equipo municipal defienden que la tasa responde a una imposición estatal del Gobierno central, acusando al Ejecutivo de Pedro Sánchez de obligar a los ayuntamientos a repercutir el coste real del servicio. Desde Cibeles aseguran que no comparten ni el fondo ni la forma del tributo, pero que la ley no deja margen de maniobra.
El primer recibo llegará este mes de septiembre en forma de notificación individualizada, con un plazo de dos meses para su pago. A partir de 2026 podrá domiciliarse, como ya ocurre con otros impuestos municipales como el IBI.
En definitiva, los madrileños afrontan desde este mes una nueva carga económica que se añade a los gastos fijos de sus hogares, con un impacto desigual que dependerá del barrio en el que residan.
