La factura de la luz incluye múltiples conceptos que suelen generar dudas entre los usuarios: el coste de la energía consumida, los peajes de acceso, cargos regulados y distintos impuestos, entre ellos el Impuesto Eléctrico y el IVA. Estos elementos, y la forma en que se combinan para determinar el importe total, hacen que muchos consumidores no puedan identificar qué parte de su recibo corresponde a su consumo real y qué parte responde a costes regulatorios o fiscales.
Sensación de pagar de más
Además de la falta de comprensión, la impresión de que la factura resulta cara también es mayoritaria. El 74,8% de los consumidores encuestados considera que está pagando más de lo debido por su suministro de electricidad, según el mismo estudio de Camby. Esta percepción de sobrecoste puede estar influida tanto por la propia evolución de los precios de la electricidad como por la falta de claridad en la presentación de los cargos y tarifas.
En este contexto, otros datos recientes señalan que la evolución de los precios eléctricos ha sido variable. Por ejemplo, el recibo de la luz para un hogar medio con tarifa semirregulada (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor o PVPC) registró una subida anual del 15,5% en 2025, con un coste medio anual de 975,88 euros frente a 845,26 euros en 2024, según un análisis de Facua-Consumidores en Acción.
La percepción de pagar de más también puede estar relacionada con la experiencia de los consumidores acogidos al Bono Social, que han visto incrementado su recibo en 2026 respecto a 2025 debido a cambios en la aplicación de descuentos, con aumentos de hasta el 30% en algunos hogares vulnerables a pesar de las ayudas disponibles.
Consecuencias y posibles respuestas
La combinación de dificultad para entender el recibo y la sensación de que se paga más de lo debido puede influir en la actitud de los consumidores respecto a su suministro. Según otro estudio elaborado por Camby, el 63,1% de los españoles afirma que se plantearía cambiar de proveedor de energía si detecta una subida en su factura o encuentra una tarifa más competitiva.
Expertos y organizaciones de defensa de los consumidores subrayan que mejorar la transparencia y la educación energética es clave para que los usuarios puedan tomar decisiones más informadas, comparar ofertas y ajustar su potencia contratada o su tarifa según sus necesidades reales. Además, la legislación española exige que las facturas incluyan ciertos elementos mínimos de información, como un código QR o un enlace al comparador de ofertas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), aunque no siempre todos los usuarios aprovechan estas herramientas para aclarar sus dudas.
La falta de comprensión de los recibos y la percepción de elevados costes sitúan la transparencia del mercado eléctrico y la educación energética como retos centrales en las políticas de protección al consumidor, especialmente en un entorno en el que los precios y las estructuras tarifarias han sido objeto de debate y cambios normativos en los últimos años.
