Uber Eats ha formalizado por escrito el reconocimiento de una deuda de aproximadamente 110 millones de euros ante la Seguridad Social. Esta cantidad corresponde a las cuotas de cotización no abonadas de miles de repartidores que operaron como trabajadores por cuenta propia en lugar de asalariados, contraviniendo lo estipulado en la normativa vigente.
Regularización bajo la 'Ley Rider'
El reconocimiento de esta deuda supone la regularización de la situación de 60.000 trabajadores que no habían sido contratados bajo los principios de la 'Ley Rider'. Esta normativa, pactada en 2021 entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y la patronal, obliga a las plataformas digitales de reparto a laboralizar a su plantilla de repartidores.
Según ha informado la Inspección de Trabajo, este paso hace efectivo el compromiso de la compañía para regularizar las cotizaciones de sus años de operaciones anteriores.
Presión legal y precedentes
La decisión de Uber Eats se produce en un contexto de endurecimiento de las responsabilidades legales para este tipo de plataformas, que ahora incluyen la posibilidad de vía penal. Este mecanismo ya fue activado por el Ministerio de Trabajo contra Glovo, otra de las grandes empresas del sector, debido a su resistencia inicial para convertir a sus repartidores en asalariados, lo que derivó en una larga batalla judicial y la imposición de sanciones importantes.
