CCOO sostiene que la empresa está utilizando sanciones injustificadas y periodos de prueba fraudulentos para "limpiar" su plantilla y sustituirla por un modelo de subcontratación precarizado a través de "empresas fantasma".
Despidos bajo alerta roja y "no shows"
La denuncia detalla que Glovo ha ejecutado más de 30 despidos en una sola provincia en el último mes, amparándose en un régimen sancionador que no corresponde al convenio de mensajería de 2006 que rige la actividad. Entre las causas alegadas por la empresa se encuentran los "tiempos de espera excesivos" o los denominados "no shows" (no presentarse a un turno).
Sin embargo, el sindicato denuncia casos especialmente graves donde se ha despedido a repartidores por faltar a su puesto durante días de alerta meteorológica de nivel rojo, imputando al trabajador problemas externos o de seguridad climática. CCOO busca no solo la improcedencia, sino la nulidad de estos despidos para forzar la readmisión de los trabajadores y el pago de los salarios de tramitación correspondientes.
Fraude en la contratación y "empresas fantasma"
Más allá de los despidos masivos, la estrategia jurídica de CCOO pone el foco en dos prácticas que califican abiertamente de fraudulentas por su impacto en la estabilidad de la plantilla. El sindicato acusa a Glovo de utilizar el periodo de prueba de un mes como una suerte de salvaguarda para la contratación temporal encubierta, procediendo a dar de baja a la gran mayoría de las nuevas incorporaciones bajo el pretexto de no haber superado dicho periodo de adaptación.
Asimismo, la organización está estudiando de cerca la externalización de la plantilla a través de lo que la empresa denomina "flotas", pero que los servicios jurídicos de CCOO definen como "empresas fantasma". Según sostiene la denuncia, este sistema de subcontratación representa una cesión ilegal de trabajadores cuyo objetivo final es fragmentar a la plantilla para impedir su organización sindical, imponiendo así un modelo de "usar y tirar" que vulnera los derechos fundamentales de los repartidores.
"Están queriendo imputar a la plantilla su nefasta gestión empresarial y una pérdida de cuota de mercado mediante la represión laboral", afirman desde la plataforma sindical.
Esta nueva causa en la Audiencia Nacional se suma a la larga lista de conflictos judiciales de la compañía en España, en un momento en que la presión sobre las plataformas digitales para cumplir con la legislación laboral es máxima en este primer trimestre de 2026.
