Transcurrido más de un año desde la implantación de la reforma que introdujo la obligatoriedad de recurrir a un Medio Adecuado de Solución de Controversias (MASC) antes de formalizar demandas civiles y mercantiles, el balance del tejido empresarial es negativo. La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha emitido el 'Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2025' en el que denuncia que miles de pequeños negocios e independientes optan por no reclamar sus impagos debido a la falta de viabilidad económica, el tiempo invertido y la densa burocracia del procedimiento administrativo actual.
La organización critica que se hayan incorporado estos mecanismos de mediación obligatoria a un engranaje procesal que, por sus propias características de origen, ya desincentivaba de forma sistemática cualquier reclamación económica de cuantía reducida. "Cuando el coste de reclamar supera el beneficio esperado, el mercado recibe un mensaje muy peligroso: incumplir los plazos de pago sigue saliendo demasiado barato", ha manifestado con dureza Antoni Cañete, presidente de la PMcM, quien lamenta la desprotección en la que se encuentran los proveedores frente a los clientes morosos.
El fracaso de la vía extrajudicial y la impunidad del deudor
La Ley Orgánica 1/2025 se diseñó originalmente con el propósito de rebajar los altos índices de litigiosidad en los tribunales españoles y favorecer los pactos amistosos fuera de los juzgados. Sin embargo, la plataforma sostiene que el recorrido práctico de este primer año de vigencia demuestra que la reforma de la normativa concursal ha fracasado en su intento de derribar la principal barrera del acreedor: la nula rentabilidad financiera que supone activar la maquinaria legal para recuperar facturas de escaso valor.
Ante esta tesitura, el líder de la entidad empresarial cuestiona la efectividad del modelo de incentivos actual. "Si quien incumple sabe que el acreedor probablemente no continuará la reclamación porque el coste de defender su derecho supera el importe reclamado, ¿qué incentivo tiene para pagar o para alcanzar un acuerdo?", ha reflexionado Cañete, incidiendo en que la parálisis de los perjudicados consolida una ventaja injusta para las corporaciones incumplidoras.
La necesidad urgente de un régimen sancionador
La patronal multisectorial insiste en que las modificaciones normativas aplicadas hasta la fecha no atacan la raíz del problema, sino que añaden filtros que saturan la capacidad de resistencia económica de la pequeña y mediana empresa. La solución que defienden pasa de forma invariable por disuadir al infractor en lugar de tutelar el proceso de mediación de manera artificial.
"La experiencia demuestra que la morosidad no se combate dificultando o encareciendo la reclamación, sino penalizando el incumplimiento", ha concluido de forma tajante Antoni Cañete.
Desde la PMcM vuelven a exigir a la Administración la aprobación e implantación inmediata de un régimen sancionador estricto que multe con dureza los retrasos en los pagos, considerándolo el único mecanismo coercitivo capaz de garantizar la liquidez y la supervivencia de los autónomos y las pymes en el mercado.
