La asimetría comercial y el fantasma de la morosidad continúan condicionando la liquidez del tejido productivo en España. El 70% de las empresas operantes en España se ven obligadas a aceptar plazos de pago notablemente superiores a los deseados en sus transacciones comerciales de negocio a negocio (B2B) con el único fin de evitar la pérdida de su cartera de clientes. Así lo determina el informe definitivo sobre morosidad empresarial correspondiente al ejercicio 2026, elaborado de forma conjunta por la firma de seguros de impago Crédito y Caución y la consultora de datos Iberinform.

Los datos del muestreo estadístico evidencian una profunda brecha en la capacidad de negociación en función de la envergadura del operador económico. Mientras que solo el 14% de los trabajadores autónomos dispone de la fuerza de mercado necesaria para imponer sus propios plazos de cobro a sus compradores, este porcentaje de resiliencia financiera se incrementa paulatinamente hasta el 36% en el segmento de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y alcanza su cota máxima en las grandes corporaciones, donde el 46% consigue fijar las condiciones del calendario de facturación.

Ayuntamientos y autonomías suspenden en los plazos de pago

El informe elaborado por Iberinform y Crédito y Caución saca a la luz que las disfunciones en los plazos de pago no son exclusivas del ámbito estrictamente privado. El sector público continúa operando como un factor de presión financiera para sus proveedores: el 42% de las compañías que mantiene vínculos contractuales con el sector público tuvo que asumir demoras por encima de los límites estipulados o deseados para no comprometer sus adjudicaciones futuras.

Al analizar de forma desglosada el comportamiento de las diferentes capas del Estado, las administraciones locales (ayuntamientos y diputaciones) se consolidan como las más morosas, registrando retrasos graves en el 30% de los expedientes tramitados. A las entidades municipales les siguen las administraciones autonómicas, que presentan demoras en el 17% de los flujos de cobro, mientras que la Administración General del Estado exhibe el comportamiento más saneado, limitando sus retrasos al 12% de los casos analizados.

El retraso intencionado empata con los problemas de liquidez

Respecto a la percepción que las propias empresas tienen sobre los motivos que arrastran a sus clientes al impago o la demora, el 56% de las firmas encuestadas atribuye los retrasos a problemas financieros estructurales en el balance de sus compradores. A pesar de la elevada cifra, los analistas de Crédito y Caución destacan que este indicador ha experimentado una ligera mejoría, anotando un descenso de dos puntos porcentuales en comparación con los registros obtenidos en el informe de 2025.

Al indagar de forma específica en las causas concretas de la morosidad corporativa, se produce un empate técnico en el diagnóstico. La falta de liquidez del deudor vuelve a ser la razón más citada por las empresas afectadas (56%), compartiendo idéntico protagonismo con el retraso intencionado de los pagos (56%), una práctica utilizada por grandes cuentas para financiarse a costa de sus propios proveedores. A mucha mayor distancia como justificantes de la demora aparecen variables operativas como la complejidad de los procedimientos internos de pago de las empresas (15%), las disputas comerciales abiertas en torno a la calidad de los bienes y servicios suministrados (6%) o fallos burocráticos internos como la emisión de facturas incorrectas (6%).