Según ha destacado Pedro Andueza, presidente de ATA Canarias, este paso sitúa al archipiélago a la vanguardia de la competitividad y cumple con las directivas europeas de simplificación administrativa.
Un respiro burocrático para 11.000 nuevos profesionales
El incremento del límite de facturación de los 30.000 a los 50.000 euros resulta decisivo para la economía regional, ya que incorpora a unos 11.000 autónomos adicionales que hasta ahora quedaban fuera de este régimen especial. Este colectivo podrá ahorrarse unos 7 millones de euros gracias a la eliminación de costes administrativos y a la exención de presentar declaraciones periódicas de IGIC.
Al simplificar las obligaciones contables y reducir el tiempo dedicado a tareas de gestión, los profesionales podrán disminuir sus gastos en asesoría y tramitación, lo que se traduce en una mejora inmediata de su capacidad operativa y competitividad en el mercado único europeo.
Justicia fiscal frente a la saturación administrativa
La urgencia de esta medida se comprende mejor al analizar la situación económica actual, donde un elevado porcentaje de autónomos ha visto disminuir su facturación y empeorar su situación financiera en el último año. Los datos más recientes revelan que la gran mayoría de los trabajadores por cuenta propia perciben un incremento asfixiante de las trabas fiscales, por lo que la implementación del IGIC franquiciado se presenta como una necesidad imperiosa para evitar la asfixia del sector.
Pedro Andueza ha insistido en que no repercutir ni soportar el impuesto reducirá significativamente el papeleo mensual, permitiendo a los autónomos centrarse en su actividad principal.
Canarias se adelanta al Estado en cumplimiento europeo
Esta decisión del Ejecutivo canario, liderado en el área económica por Manuel Domínguez, supone un acto de justicia fiscal que se adelanta a la normativa nacional. Mientras la Federación Nacional ATA ha tenido que denunciar al Gobierno de España ante la Comisión Europea por la falta de transposición de la directiva comunitaria, Canarias ha optado por una apuesta decidida que ya incluye medidas exitosas como la cuota cero.
Con la vista puesta en el segundo semestre de 2026, los autónomos canarios podrán acogerse a este sistema voluntario, eliminando la desventaja competitiva frente a otros países europeos y consolidando un modelo de empleo estable y de calidad en las islas.
