La escuela infantil El Ardal, con más de 15 años de trayectoria y actualmente con 150 alumnos matriculados, se enfrenta a un posible cierre tras un procedimiento de precinto por motivos urbanísticos. A pesar de contar con licencia educativa aprobada, el centro se encuentra en suelo alegadamente no urbanizable, aunque está rodeado de viviendas.
La noticia ha provocado una ola de indignación entre familias y docentes, que consideran que el cierre supondría un grave perjuicio educativo y emocional para los menores, además de una sobrecarga insostenible para las familias, obligadas a encontrar alternativas de manera urgente en mitad del curso escolar.
Una petición con amplio respaldo social
La comunidad educativa ha lanzado la campaña “Paremos el cierre de la escuela El Ardal” en la plataforma Change.org, que ya acumula más de 13.000 firmas. Para los promotores, esta cifra refleja el apoyo ciudadano y el rechazo social a una decisión administrativa que consideran injusta.
El caso ha sacado a la luz la complejidad del reconocimiento administrativo en zonas similares. Como antecedente, medios como SER Madrid Norte recordaban recientemente que la Comunidad de Madrid permitió durante 30 años el funcionamiento de un centro sin licencia de actividad pero con permisos educativos, lo que pone en cuestión la seguridad jurídica de las decisiones actuales.
Las reivindicaciones de las familias
Las familias y el equipo docente reclaman a las autoridades:
-
Suspender cautelarmente el cierre hasta que se resuelvan los procedimientos legales.
-
Garantizar la continuidad educativa de los alumnos ya matriculados.
-
Revisar la licencia vigente y los precedentes administrativos, aplicando el principio de confianza legítima.
-
Abrir un diálogo inmediato entre familias, dirección, Ayuntamiento y Comunidad de Madrid para buscar soluciones que eviten consecuencias irreparables.
Impacto social y educativo
El cierre tendría un fuerte impacto: más de 150 niños perderían su espacio educativo en mitad del curso, con la consiguiente inestabilidad emocional y social. Las familias denuncian que la decisión ignora años de servicio prestado y la confianza depositada en este centro como espacio de aprendizaje, socialización y desarrollo personal.
La situación de El Ardal se ha convertido en un símbolo del conflicto entre normativa urbanística y derecho a la educación, en un momento en el que los ciudadanos reclaman certeza administrativa y sensibilidad institucional.
