El incremento del SMI se sitúa alrededor del 3,1%, lo que situaría el salario mínimo en 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas. El objetivo de los incentivos fiscales es compensar a las empresas con mayor carga salarial y, al mismo tiempo, garantizar que mantengan sus plantillas y fomenten aumentos salariales superiores al mínimo en sus convenios colectivos.
Los incentivos se aplican solo a las compañías que cumplan con estos compromisos y forman parte de la estrategia del Gobierno para suavizar el impacto económico de la subida del SMI, especialmente en sectores y pymes con menor capacidad de adaptación a costes laborales adicionales.
El Ministerio de Trabajo mantiene reuniones con sindicatos y patronal para cerrar un acuerdo que permita fijar el SMI de 2026, mientras se discuten los detalles de los incentivos fiscales y otras medidas de acompañamiento. Las negociaciones incluyen cómo se integrarán estas medidas con la normativa laboral y de contratación pública para que la subida del salario mínimo no afecte a la competitividad de las empresas.
La propuesta del Gobierno busca un equilibrio entre la mejora de los salarios mínimos y la sostenibilidad económica de las empresas, al tiempo que se mantiene el diálogo con los agentes sociales para alcanzar un acuerdo consensuado.
