La proposición de ley que regula la denominada "Pasarela al RETA" (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) para los mutualistas alternativos ha entrado de forma oficial en la fase final de su tramitación legislativa dentro del Senado. El texto legal se está dirimiendo a través del procedimiento de urgencia y, de manera llamativa, sin incorporar ninguna memoria económica oficial adjunta por parte de los ministerios competentes. Todo ello a pesar de que, a lo largo del debate parlamentario previo en el Congreso, las diferentes estimaciones técnicas de los grupos y los agentes del sector han situado el impacto financiero de la medida en una horquilla superior a los 5.000 millones de euros de coste para las arcas del sistema público de la Seguridad Social.
Hasta la fecha, la única referencia oficial de carácter económico que consta en los diarios de sesiones se deriva del veto interpuesto por el propio Gobierno en la Comisión de Trabajo. En aquella sesión, el Ejecutivo Central recurrió a su facultad constitucional para bloquear una enmienda de la oposición que pretendía expandir el acceso a la pasarela a determinados colectivos específicos. En ese contexto técnico de justificación, la delegación gubernamental cifró con exactitud el impacto estructural en 5.204 millones de euros, una partida inicialmente calculada para dar cobertura a unos 47.000 mutualistas que contaban con derecho previo a percibir una pensión pública de jubilación.
El Congreso amplía la base a 100.000 potenciales beneficiarios
Sin embargo, las modificaciones articuladas e introducidas en el redactado definitivo que logró salir adelante en el Pleno del Congreso de los Diputados alteran notablemente los presupuestos de partida. El documento final ha ensanchado de manera relevante el número de potenciales beneficiarios de la reforma: la nueva norma ya no se limita en exclusiva a dar amparo a aquellos mutualistas sin derecho a pensión acumulada, sino que integra a los profesionales que ya lo tienen reconocido e, incluso, a aquellos mutualistas que se encuentran formalmente en situación de jubilados.
Esta flexibilización de los requisitos de entrada eleva el alcance global de la medida de forma exponencial. Durante las fases de enmiendas de la tramitación parlamentaria se ha asumido que el nuevo marco normativo de rescate podría llegar a afectar en su conjunto a un volumen de población cercano a los 100.000 profesionales autónomos e independientes de la abogacía, la procura y la ingeniería, entre otros campos técnicos. Con todo, la factura y el impacto presupuestario definitivo para el Estado quedarán estrictamente supeditados al posterior desarrollo reglamentario y al porcentaje de adhesión voluntaria que registre el sistema una vez se abra el plazo de inscripción.
Un fuerte contraste con el bloqueo a las carreras largas
La celeridad e indulgencia financiera con la que está tramitándose la pasarela al RETA choca de frente con la política de contención del gasto que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ha aplicado de forma sistemática a otras reivindicaciones laborales históricas en España. El ejemplo más paradigmático de este agravio comparativo se sitúa en la eliminación definitiva de los polémicos coeficientes reductores aplicados en la jubilación anticipada para aquellas personas que ostentan carreras largas de cotización laboral (con más de 40 años de servicio activo a la espalda).
Dicha propuesta de reforma previsional fue rechazada y tumbada de plano por el ministerio aludiendo a un impacto presupuestario estimado en unos 3.358 millones de euros anuales, una cantidad sensiblemente inferior al coste que va a asumir el erario público con el trasvase de los mutualistas alternativos. Con el actual recorrido garantizado en la Cámara Alta para la pasarela, la atención se desplaza ahora hacia la letra pequeña del futuro desarrollo reglamentario, el cual tendrá la tarea obligatoria de concretar las condiciones de aplicación técnica y delimitar el alcance económico final de la ley.
