En los primeros nueve meses del último ejercicio, España gastó más de 537.000 millones de euros de dinero público, una cifra que supera ampliamente lo que la mayoría de los ciudadanos perciben en sus bolsillos y que plantea preguntas sobre prioridades presupuestarias y eficiencia del sector público.
Para contextualizar este volumen de gasto, es necesario atravesar el debate político y acercarse a los datos económicos y comparativos que lo explican.
El coste de la Administración y el empleo público
Una de las partidas más visibles del gasto público en España es el pago de salarios a empleados públicos. A cierre de 2025, el gasto en nóminas dentro de las Administraciones se situó en torno a los 180.000 millones de euros, marcando un máximo histórico tras crecer aproximadamente un 4,5% respecto al año anterior.
Estas cifras reflejan no solo los acuerdos salariales con los sindicatos, que contemplan incrementos de hasta el 11% entre 2025 y 2028, sino también un aumento continuado del empleo público en diferentes niveles administrativos.
Desde una perspectiva comparativa, España destina una proporción significativa de sus costes de producción pública al pago de nóminas. Según datos de la OCDE, el país dedicó más del 50% de sus costes de producción al pago del personal del sector público, frente a una media del 42% en los países de la organización.
Este contexto ha alimentado un debate sobre la eficiencia del gasto: mientras algunos analistas señalan que una parte relevante del gasto en salarios puede estar ligada a la prestación de servicios públicos esenciales, otros cuestionan si la estructura actual favorece duplicidades entre administraciones.
Comparativas con otros países: empleo y gasto
Las diferencias entre España y otros países europeos ayudan a matizar este debate. Por ejemplo, en Alemania, el porcentaje del gasto público dedicado a salarios es menor, situándose en torno al 16–17% del total de gastos, comparado con cerca del 25% en España.
Esto no significa necesariamente que España tenga más empleados públicos que Alemania; de hecho, el peso relativo de la Administración en el empleo total ha ido cayendo y se encuentra en niveles más moderados que en años anteriores, con menos del 16% de trabajadores públicos sobre el total, su nivel más bajo en 16 años.
Aun así, el coste salarial por trabajador público en España es superior a la media de la OCDE, lo que también alimenta el debate sobre productividad, estructura administrativa y asignación de recursos.
¿Más gasto público significa menos inversión en infraestructuras?
Una crítica común que se repite en discursos económicos y políticos es que, ante el crecimiento del gasto corriente —especialmente en salarios—, algunas partidas de inversión, como infraestructuras, parecen recibir menos atención. Lo cierto es que el gasto público es un concepto amplio que incluye no solo salarios y funcionamiento de la Administración, sino también transferencias sociales (como pensiones, subsidios de desempleo o prestaciones), deuda, inversiones y servicios públicos.
En términos de gasto total, España dedica una parte importante a protección social, un área donde países europeos tradicionalmente destinan porcentajes altos de su PIB. Datos recientes proyectan que el gasto en pensiones podría alcanzar alrededor del 17% del PIB para 2050, situándose como uno de los más elevados de la OCDE si no se aplican reformas.
Si se mira el gasto total en relación con la media de la Unión Europea, España históricamente ha destinado un porcentaje menor de su PIB a servicios públicos —como sanidad, educación o protección social— que el promedio europeo, aunque la estructura interna de ese gasto y los retos demográficos influyen significativamente en la sostenibilidad de los servicios.
Duplicidades y retos de la organización territorial
Otra de las preocupaciones recurrentes en el análisis del gasto público se centra en la fragmentación administrativa en España. Con más de 8.000 ayuntamientos y múltiples niveles de gobierno (central, autonómico y local), se señala que existen duplicidades funcionales que no siempre se reflejan en una mayor eficiencia del gasto.
Este tipo de organización territorial, común en estados con fuerte descentralización, puede aumentar la complejidad de la gestión pública y generar sobrecostes si no va acompañada de mecanismos de coordinación claros y transparencia presupuestaria.
Recaudación fiscal y sostenibilidad
Frente a la preocupación por el nivel de gasto, los datos fiscales muestran también una evolución del ingreso público. La recaudación ha aumentado de forma sostenida en los últimos años, y en 2025 se proyecta un crecimiento por cotizaciones sociales y tributos que apunta a un superávit primario en algunos informes, un hito no alcanzado en casi dos décadas.
Este dato sugiere que el Estado no solo recauda más, sino que está en condiciones de cubrir sus gastos corrientes sin recurrir de forma inmediata al endeudamiento para intereses, aunque la demanda de recursos para servicios públicos y prestaciones sigue siendo alta.
Conclusión: entre eficiencia y prioridades presupuestarias
El análisis del gasto público en España revela una compleja combinación de necesidades crecientes en sanidad, educación, protección social y empleo público, junto a desafíos estructurales y comparativos con otros países europeos. Aunque una parte significativa del presupuesto se destina a salarios públicos, también existe una base sólida de servicios que demandan inversión continua.
Más allá de discursos polarizados, los datos oficiales y comparativos apuntan a la necesidad de seguir profundizando en mecanismos que incrementen la eficiencia del gasto y refuercen la cohesión social, garantizando al mismo tiempo que la recaudación y la gestión fiscal sigan siendo sostenibles a largo plazo.
