La patronal del transporte de mercancías por carretera en la Comunidad de Madrid (CETM-Madrid) ha expresado su malestar por las políticas del Ayuntamiento de la capital, al que acusa de aplicar medidas “restrictivas” que dificultan el acceso de los vehículos de carga a las zonas de bajas emisiones (ZBE y ZBEDEP).
CETM-Madrid cuestiona la justificación de las restricciones
Durante su última Junta Directiva, CETM-Madrid presentó un documento remitido al Ayuntamiento en el que se pregunta si “realmente está justificada una política tan restrictiva de no permitir a los vehículos que realizan transporte de mercancías acceder a las ZBE”.
La organización recuerda que, según datos del propio consistorio, el tráfico rodado genera el 39,25% de las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), mientras que el transporte de mercancías por carretera apenas supone un 3,87% en vehículos de hasta 3,5 toneladas y un 0,52% en los de mayor tonelaje.
Impacto económico y reclamaciones del sector
La patronal denuncia que la entrada en vigor de la Ordenanza de Movilidad Sostenible (2018) y sus posteriores modificaciones han generado un coste muy elevado para las empresas del sector. Según sus estimaciones, el gasto real derivado de la renovación de flotas asciende a 1.300 millones de euros, una cifra muy superior a los 26 millones contemplados inicialmente por el Ayuntamiento.
Muchas compañías y autónomos, subraya CETM-Madrid, no han podido asumir ese desembolso, lo que ha puesto en riesgo la viabilidad de parte del tejido empresarial. Por ello, reclaman una ampliación de los plazos de adaptación y una revisión del calendario de renovación de vehículos.
Propuestas de modificación de la Ordenanza
El Comité Madrileño del Transporte por Carretera plantea en su documento varias medidas para hacer viable la actividad del sector:
- Flexibilización del calendario de renovación de flotas previsto por la Ordenanza.
- Ampliación del horario de acceso al Distrito Centro, de 7:00 a 19:00 horas, para todos los vehículos de categorías B y C.
- Excepciones para los vehículos de mudanzas que cuenten con autorización municipal de ocupación de vía pública.
Según la patronal, estas modificaciones permitirían una alternativa “real, eficiente, económicamente viable y competitiva” para las empresas de transporte madrileñas, sin comprometer los objetivos medioambientales.
