El Ministerio de Trabajo y Economía Social retomará este miércoles la negociación para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) correspondiente a 2026, un proceso que vuelve a abrir un debate de fondo sobre la sostenibilidad del actual modelo de revalorizaciones en un contexto de crecimiento económico limitado, productividad estancada y presión creciente sobre el tejido empresarial.
Mientras no se apruebe la nueva cuantía, el SMI permanece prorrogado provisionalmente en 1.184 euros mensuales en 14 pagas, una situación que ya se ha repetido en ejercicios anteriores y que, desde el ámbito empresarial, se considera un factor de incertidumbre para la planificación de costes y empleo.
La reunión se produce con el consenso sindical prácticamente garantizado y con la previsión de que, una vez más, el acuerdo salga adelante sin el respaldo de la patronal, como ha ocurrido en los últimos años.
Una negociación marcada por la inflación, pero también por la falta de crecimiento
El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha reclamado públicamente que las organizaciones empresariales abandonen lo que califica como una posición externa al diálogo social. Sin embargo, desde el ámbito empresarial se sostiene que el desacuerdo no responde a una negativa sistemática, sino a una divergencia profunda sobre quién debe asumir el impacto real de las decisiones salariales.
La propuesta defendida por las organizaciones empresariales —una subida del 1,5%— ha sido considerada insuficiente por el Ministerio y los sindicatos, al situarse por debajo de la inflación. No obstante, la patronal advierte de que el análisis no puede limitarse al IPC y que resulta imprescindible tener en cuenta la evolución de la productividad, los márgenes empresariales y la capacidad real de la economía para absorber incrementos salariales generalizados.
Dos escenarios de subida condicionados por la fiscalidad
La negociación incorpora este año un elemento adicional de complejidad: la tributación del salario mínimo. Por encargo del departamento que dirige Yolanda Díaz, el comité de expertos ha planteado dos escenarios distintos.
El primero contempla una subida del 3,1%, hasta 1.221 euros por 14 pagas, si el SMI continúa exento de tributar en el IRPF. El segundo eleva el incremento al 4,7%, hasta 1.240 euros, si se elimina dicha exención. En términos absolutos, el aumento oscilaría entre 37 y 56 euros mensuales, aunque en este último supuesto parte del incremento no se traduciría en salario neto.
El objetivo declarado de Trabajo es que el SMI alcance el 60% del salario medio, en línea con la Carta Social Europea. Desde 2018, el salario mínimo ha aumentado un 61%, una evolución que el Gobierno considera un avance social, pero que el sector empresarial observa con preocupación en ausencia de un crecimiento equivalente de la economía.
Un debate fiscal que vuelve a dividir al Ejecutivo
La fiscalidad del SMI vuelve a situar en posiciones distintas a los ministerios implicados. En ejercicios anteriores, el Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, defendió que el salario mínimo comenzara a tributar tras su fuerte crecimiento acumulado.
Aunque aquel desacuerdo se resolvió con una exención temporal, el debate reaparece ahora. Hacienda se ha mostrado dispuesta a estudiar la continuidad de la ventaja fiscal, lo que facilitaría aplicar la subida más moderada propuesta por los expertos y evitaría que parte del incremento se diluya vía impuestos.
Sindicatos y patronal: una brecha estructural
Los sindicatos han defendido subidas más ambiciosas, de hasta el 7,52% si el SMI pierde la exención fiscal, una propuesta que ha sido rechazada por CEOE y Cepyme.
Las organizaciones empresariales argumentan que el salario mínimo ya supera el 60% del salario medio si se utiliza como referencia la Encuesta de Población Activa, frente a la Encuesta de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística, que excluye precisamente a algunos de los sectores más afectados por el SMI, como el empleo agrario o el trabajo doméstico.
Pero el desacuerdo va más allá de la metodología estadística. Desde la patronal se subraya que Gobierno y sindicatos adoptan decisiones salariales sin asumir directamente sus consecuencias económicas, mientras que son las empresas —especialmente las pymes— las que deben absorber el incremento de costes, sostener el empleo y mantener la actividad en un entorno de elevada presión fiscal y normativa.
Reforma paralela y advertencia de impacto sobre el empleo
A este escenario se suma la tramitación de una reforma paralela de la regulación del SMI destinada a limitar la absorción de complementos salariales. Desde el ámbito empresarial se advierte de que esta medida podría provocar incrementos efectivos del salario de hasta el 25% o incluso el 30% en determinados casos.
CEOE sostiene que se trata de una modificación que afecta al Estatuto de los Trabajadores y que, por tanto, debe pasar por el Parlamento. Si no es así, ya ha anunciado que recurrirá a los tribunales. Además, confía en que el Congreso frene la iniciativa, como ocurrió con la propuesta de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.
Un debate que trasciende la cifra
La negociación del SMI para 2026 vuelve así a poner de manifiesto una fractura estructural en el modelo de relaciones laborales: la distancia entre quienes deciden las políticas salariales desde el ámbito político y sindical y quienes deben sostener con su actividad económica el empleo y la recaudación que permite financiarlas.
Más allá del porcentaje final, el debate sobre el salario mínimo reabre interrogantes de mayor calado sobre la sostenibilidad del sistema, el reparto real de responsabilidades y el impacto de decisiones recurrentes adoptadas en un contexto económico que no avanza al mismo ritmo que las obligaciones que se imponen sobre quienes generan empleo.
