La nueva normativa estatal establece que el plazo para la comunicación de los daños finalizará el próximo 15 de abril. El procedimiento se ha diseñado bajo un modelo de coordinación entre las administraciones locales, provinciales y autonómicas para garantizar la eficiencia en la reparación de las vías rurales.
Andalucía y Extremadura fueron las regiones que registraron una mayor siniestralidad tras el paso de sucesivos frentes de gran intensidad a principios de año.
En cada provincia, las propuestas de intervención en los caminos agrarios de uso público serán gestionadas por las subdelegaciones del Gobierno. Estas contarán con el apoyo de comités técnicos integrados por las diputaciones provinciales, la Junta de Andalucía, la Junta de Extremadura y especialistas de las empresas públicas Tragsa y Seiasa. En el caso de las infraestructuras de riego, la comunicación de los desperfectos deberá realizarse a través de la sede electrónica del Ministerio por parte de la presidencia de la Comunidad de Regantes afectada.
Ejecución de obras y presupuesto extraordinario
Las labores de reparación serán ejecutadas por la empresa pública Tragsa. Las actuaciones consistirán en la recuperación del trazado y plataforma de los caminos de acceso a las parcelas, así como en la limpieza y reconstrucción de balsas, acequias, canales y sistemas de almacenamiento de agua. El objetivo prioritario es devolver la operatividad a los elementos dañados para asegurar la actividad agrícola en las zonas afectadas.
Esta partida de 600 millones de euros para infraestructuras forma parte de un plan de ayudas extraordinarias mucho más amplio. El presupuesto total destinado por el Ministerio de Agricultura asciende a 2.874,1 millones de euros, enfocados a paliar los efectos de las borrascas en los sectores agrícola, ganadero y pesquero de ambas comunidades autónomas.
Compensación de rentas para el sector primario
Dentro de la dotación global del plan, el Ministerio ha reservado una suma de 2.174 millones de euros destinada exclusivamente a ayudas directas. Estos fondos tienen como finalidad compensar la pérdida de renta sufrida por agricultores, ganaderos y acuicultores debido a los daños climáticos. La medida busca estabilizar la situación económica de las explotaciones que han visto mermada su producción o capacidad operativa tras los temporales.
El despliegue de estas ayudas responde a la calificación de Andalucía y Extremadura como las zonas con mayor afectación por el tren de borrascas. La celeridad en la publicación de los procedimientos en el BOE permite iniciar las licitaciones y trabajos técnicos necesarios para que las infraestructuras rurales recuperen la normalidad antes de que avancen las campañas agrícolas de la primavera.
