Desde el sector se reclama la creación de un nuevo marco normativo adaptado a las necesidades actuales de los centros privados de formación profesional, así como una ley de financiación propia que garantice estabilidad, innovación y sostenibilidad.
Un sector atrapado en un modelo insostenible
El mercado de la formación para el empleo opera como cualquier otro sector económico, con empresas que requieren condiciones competitivas para funcionar de manera eficaz. Sin embargo, las limitaciones impuestas por la Ley General de Subvenciones (LGS) están dificultando su desarrollo. Tratar a las empresas formativas como simples beneficiarias de subvenciones asfixia la innovación, ralentiza la inversión y genera un escenario de competencia desleal.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya ha reconocido que este sector debe operar bajo lógicas empresariales, que permitan un margen de beneficio razonable para reinvertir en mejoras continuas y responder a las demandas de un entorno digital y cambiante.
Problemas estructurales que frenan el sector
El actual marco regulador presenta múltiples barreras que dificultan el crecimiento y la estabilidad del sector:
- Falta de rentabilidad razonable: las restricciones financieras impiden la inversión en innovación y calidad, generando una situación de estancamiento en muchas empresas del sector.
- Incertidumbre financiera: los retrasos en los pagos de ayudas y subvenciones, que a menudo superan los dos años, dificultan la liquidez y solvencia de las empresas, especialmente las pymes. Esto incumple la Ley de Morosidad y pone en peligro la viabilidad de los centros.
- Inestabilidad normativa: la dependencia de convocatorias impredecibles y de criterios cambiantes genera inseguridad en la planificación y en la consolidación de equipos humanos y tecnológicos.
- Cargas administrativas excesivas: la burocracia desmedida desvía recursos que podrían destinarse a la mejora de los programas formativos, frenando la innovación y la flexibilidad necesarias para adaptarse a las nuevas demandas del mercado laboral.
Una ley a medida para garantizar el futuro de la FP para el empleo
Para que la formación profesional para el empleo sea un motor de crecimiento económico y social en España, es necesario implementar:
- Un marco legal adaptado: Reconociendo la naturaleza empresarial del sector y garantizando un modelo que contemple márgenes de beneficio razonables.
- Financiación estable y previsible: Reduciendo los tiempos de pago y ajustándolos a lo estipulado por la Ley de Morosidad.
- Simplificación administrativa: Minimizar las cargas burocráticas para facilitar la concentración en la calidad y la innovación.
El momento de actuar es ahora
En un contexto marcado por la digitalización y la transformación industrial, la formación profesional debe ser reconocida como un recurso estratégico para mantener la competitividad de las empresas y la empleabilidad de los trabajadores. Implementar un marco regulador justo y eficiente será clave para garantizar que España pueda liderar en un entorno global cada vez más exigente.
Es hora de transformar el sector y dotarlo de las herramientas necesarias para cumplir su misión: capacitar a las personas y potenciar la competitividad de las empresas.
