El bono social aplicado a la factura de la electricidad, creado en 2009 y regulado en su estructura actual por el Real Decreto 897/2017, es uno de los principales instrumentos de apoyo a los hogares vulnerables frente a los costes energéticos. Sin embargo, su diseño presenta limitaciones que reducen su capacidad redistributiva, según concluye un estudio publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA).
El trabajo, elaborado por Diego Rodríguez, profesor de la Universidad Complutense de Madrid e investigador asociado a FEDEA, analiza quiénes reciben actualmente estas ayudas y plantea posibles cambios en su diseño para mejorar su eficacia.
El informe parte de la idea de que existe un problema de asequibilidad energética que afecta al bienestar de determinados hogares, lo que justifica la existencia de mecanismos de transferencia de renta acompañados de medidas regulatorias que garanticen el acceso al suministro.
Uno de los aspectos centrales del análisis se refiere a los criterios de elegibilidad del bono social eléctrico. Según el estudio, el sistema actual combina requisitos basados en la renta con otros que no dependen directamente de ella, lo que genera distorsiones en la relación entre vulnerabilidad económica y acceso efectivo a la ayuda.
En particular, el autor destaca el caso de las familias numerosas, que pueden acceder al bono social como condición suficiente independientemente de su nivel de ingresos. Este criterio, según el informe, debilita el carácter redistributivo del instrumento y genera patrones territoriales específicos, con una presencia relativamente elevada de beneficiarios por este motivo en determinadas comunidades autónomas.
Por ello, el estudio propone revisar las condiciones de acceso para que el bono social se determine únicamente en función de la renta, ajustada al tamaño del hogar mediante escalas de equivalencia. Esta orientación coincide con las líneas planteadas en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030, que apunta a eliminar el criterio de familia numerosa como requisito suficiente para acceder a la ayuda.
El análisis de los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida muestra además que la cobertura del bono social ha aumentado entre 2021 y 2025 en todos los deciles de renta debido a la ampliación de los requisitos. No obstante, los problemas de baja cobertura se concentran en los hogares con menores ingresos, mientras que la presencia de beneficiarios ha crecido también en los deciles más altos, lo que refuerza las dudas sobre la eficacia redistributiva del sistema.
El informe examina también el coste y el sistema de financiación del bono social. Recuerda que la delimitación de los agentes responsables de su financiación fue anulada en dos ocasiones por el Tribunal Supremo por vulnerar el principio de no discriminación. Aunque el esquema actual reparte el coste entre diferentes agentes del sistema eléctrico, en la práctica este termina trasladándose al conjunto de los consumidores.
Más allá del bono social eléctrico, el estudio plantea la necesidad de abrir una reflexión más amplia sobre la pobreza energética para avanzar hacia instrumentos integrados que tengan en cuenta el conjunto de los consumos energéticos de los hogares. Esta cuestión adquiere mayor relevancia ante la futura implantación del ETS2, que extenderá la tarificación de las emisiones de CO₂ a combustibles utilizados en calefacción y transporte.
Entre las alternativas que se plantean figura la posibilidad de incorporar un complemento energético al Ingreso Mínimo Vital. No obstante, el autor advierte de que el número de beneficiarios del IMV es actualmente inferior al de perceptores del bono social y que integrar estas ayudas en un complemento general podría reducir su capacidad para atender factores específicos como las condiciones climáticas del lugar de residencia.
La otra opción sería crear un cheque energético que cubra todos los consumos energéticos del hogar, incluidos aquellos que no dependen de un contrato de suministro, como determinados combustibles para calefacción o transporte. Esta ayuda se calcularía en función de la renta, el tamaño del hogar, determinadas situaciones de vulnerabilidad y la localización geográfica.
El informe propone además que este cheque se conceda preferentemente de forma automática por parte de las administraciones públicas y que su financiación combine recursos presupuestarios, aportaciones del sector energético y fondos europeos vinculados al Fondo Social para el Clima. También plantea la posibilidad de canalizar la ayuda a través del IRPF mediante un crédito fiscal reembolsable similar a un impuesto negativo sobre la renta.
