En un vídeo publicado recientemente, el economista José Ramón Riera criticó duramente esta decisión, afirmando que España dejaría pasar cerca de 93.000 millones de euros en subvenciones y préstamos europeos. ¿Qué hay de cierto en esta afirmación? ¿Por qué se produce esta situación, y qué implicaciones tiene para la economía española?
¿Cuánto dinero está en juego y qué parte ya se ha solicitado?
España forma parte del instrumento Next Generation EU, el mayor paquete de fondos europeos de la historia, diseñado para apoyar la recuperación tras la pandemia y financiar inversiones estratégicas. El plan español, aprobado junto a la Adenda al Plan de Recuperación, puede movilizar hasta 163.000 millones de euros entre subvenciones y créditos hasta 2026, lo que representa más del 12% del PIB nacional.
Hasta ahora, España ha recibido más de 55.000 millones en transferencias —el 70% de los fondos no reembolsables previstos— y alrededor de 16.000 millones en préstamos, como parte del quinto desembolso aprobado por la Comisión Europea.
Sin embargo, aún queda por ejecutar una parte significativa de los recursos, especialmente en créditos, que eran inicialmente superiores a los 80.000 millones. Con la reciente actualización del plan, el Gobierno ha rebajado la petición de préstamos a aproximadamente 22.800 millones, confiando en la capacidad de España para financiarse en los mercados a tipos favorables.
Esto ha dado lugar a interpretaciones distintas sobre la magnitud de lo “perdido”: algunos cálculos sitúan en torno a 60.000–70.000 millones de euros la diferencia entre los préstamos que podrían haberse solicitado originalmente y los que finalmente se prevé pedir. Otros analistas incluyen también parte de las subvenciones pendientes, acercando esa cifra al orden de 90.000 millones, como señaló el economista Riera.
¿Por qué se limita la petición de préstamos?
El Ejecutivo ha argumentado que España puede financiarse en los mercados financieros a costes competitivos, especialmente ahora que los tipos de interés han bajado respecto a periodos anteriores, por lo que resulta menos costoso endeudarse directamente que asumir préstamos europeos, incluso si estos cuentan con condiciones ventajosas. Esta explicación fue recogida y criticada recientemente por el Partido Popular, que considera que renunciar a créditos europeos ahora supone un coste de oportunidad que reduce la capacidad de inversión en la economía.
Otra razón es el cumplimiento de hitos y reformas exigidos por la Unión Europea para cada desembolso. España ha cumplido la mayoría de los compromisos vinculados a transferencias, pero en algunos casos la falta de acuerdos parlamentarios ha ralentizado reformas importantes, como la fiscalidad del diésel o la estabilización de empleo público, lo que llevó incluso a que la Comisión Europea recortara 1.100 millones de euros del quinto pago destinado al país.
¿Qué implica esta decisión para la economía española?
El impacto de los fondos europeos en la economía de España ha sido destacable. Según datos oficiales, estos recursos han contribuido a financiar inversiones en infraestructura, digitalización, transición ecológica y empleo, y han generado un efecto expansivo sobre el PIB. El Ministerio de Hacienda destaca que con los fondos ya desplegados se ha impulsado un crecimiento significativo y se espera que la segunda fase continúe este impulso.
No obstante, dejar una parte de los créditos sin solicitar puede reducir el potencial de inversión adicional disponible para proyectos clave que podrían acelerar la recuperación, como la modernización de pymes, la innovación, la vivienda y la movilidad sostenible. Expertos y partidos de la oposición critican que esta decisión pueda limitar la ejecución de proyectos estructurales que impulsan la competitividad y el empleo.
Balance: interpretación técnica vs. retórica política
La crítica de Riera al cuadro de renuncias puede sonar extrema, pero parte de elementos reales: España no solicitará la totalidad de los préstamos que le fueron inicialmente asignados y aún debe ejecutar gran parte de los fondos pendientes. Sin embargo, es importante matizar que:
- España sí ha recibido y sigue recibiendo una parte importante de las ayudas y préstamos aprobados por la UE, incluidos desembolsos recientes por más de 23.000 millones de euros.
- La reducción en la solicitud de crédito no significa automáticamente que esos recursos “se pierdan” de forma definitiva, sino que el plan se ha modificado y adaptado a las condiciones económicas y a la evolución de las reformas pactadas con Bruselas.
Además, no es inusual que otros Estados miembros ajusten el volumen de préstamos solicitados según sus necesidades y condiciones de mercado, una práctica que no siempre indica negligencia sino gestión estratégica de la deuda pública.
El desafío de cumplir con los plazos y objetivos
Quedan menos de dos años para el cierre oficial de los fondos Next Generation en 2026, momento en que España debe haber no solo solicitado sino también ejecutado la mayor parte de estos recursos. La clave está en acelerar la presentación de proyectos y cumplir hitos de reforma, tarea que continúa en curso y que influirá directamente en la llegada de más recursos y su impacto sobre la economía real.
