La movilización coincide con el segundo aniversario de la creación del colectivo. La organización ha elegido el entorno del Parlamento para visibilizar sus demandas ante los grupos políticos y reclamar cambios en la política comercial europea. El acto pretende reunir a profesionales del ámbito agrícola, ganadero y agroalimentario llegados de distintas comunidades autónomas.
Por qué rechazan el acuerdo UE-Mercosur
La plataforma sostiene que la apertura del mercado europeo a productos procedentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay puede introducir mercancías producidas con exigencias sanitarias, laborales y medioambientales menos estrictas que las que rigen en la UE. En su opinión, esta diferencia de costes generaría competencia desleal y presionaría a la baja los precios en origen, reduciendo los márgenes de las explotaciones españolas.
Los convocantes defienden que cualquier tratado comercial debe alinearse con los objetivos de la Política Agraria Común (PAC) y priorizar la protección del productor europeo.
Reivindicaciones del sector
Además del rechazo al pacto con Mercosur, la protesta incorpora otras demandas habituales del sector primario: más simplificación administrativa, mantenimiento de ayudas, menor carga burocrática y garantías de seguridad alimentaria.
La organización define la convocatoria como una acción pacífica orientada a recabar apoyo social y a alertar a los consumidores de las consecuencias económicas y territoriales que, según su diagnóstico, puede acarrear el acuerdo.
La concentración se enmarca en un ciclo de protestas agrarias que se ha extendido por distintas regiones españolas y europeas en los últimos meses, con marchas y tractoradas en capitales y carreteras. Las organizaciones del campo advierten de que el aumento de costes, la competencia exterior y la caída de rentabilidad ponen en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones familiares.
El alcance del tratado
El acuerdo UE-Mercosur, negociado durante más de 20 años, busca crear una amplia zona de libre comercio que integraría a cerca de 785 millones de consumidores entre ambos bloques. Para su entrada en vigor definitiva aún debe superar los trámites de ratificación en las instituciones europeas y en los parlamentos nacionales, un proceso que mantiene abierto el debate político y social en varios países, especialmente en aquellos con mayor peso agrícola como España.
