Los últimos datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sobre la contabilidad nacional evidencian un preocupante deterioro de las finanzas públicas. En julio, el déficit acumulado de la Administración General del Estado se elevó hasta los 39.460 millones de euros, lo que supone un incremento del 93,1 % respecto a junio (-20.433 millones).
El desajuste tiene su origen en la brecha entre ingresos y gastos. Mientras que los ingresos acumulados alcanzaron 167.983 millones de euros en julio, con un crecimiento mensual del 16,1 %, los gastos se dispararon hasta los 207.443 millones, con un aumento del 25,6 % en apenas un mes.
Transferencias a comunidades y ayuntamientos, la principal causa
El factor que más explica este incremento es el crecimiento de las transferencias a otras administraciones públicas, que aumentaron en 32.243 millones de euros (+32,3 %). En este bloque destacan las comunidades autónomas, que recibieron 20.136 millones adicionales (+40,5 %), y las corporaciones locales, con un alza de 4.110 millones (+31,5 %). La Seguridad Social también experimentó un fuerte incremento del 21,9 % en las transferencias recibidas.
Pero el repunte no se limita a este capítulo. Los gastos en salarios públicos, intereses de la deuda, prestaciones sociales y cooperación internacional también reflejan crecimientos significativos, lo que sugiere un patrón de gasto expansivo difícil de sostener en el medio plazo.
“Un gasto sin control”
El economista José Ramón Riera alertó de que el Gobierno de Pedro Sánchez “se ha gastado 207.000 millones en solo siete meses, una auténtica barbaridad”, y subrayó que “los hogares han soportado una media de 8.700 euros menos en su bolsillo en lo que va de año”.
Según Riera, el deterioro de las cuentas públicas se traduce en que solo en julio se gastaron 42.700 millones de euros, lo que generó un déficit mensual de más de 19.000 millones, a pesar del aumento de ingresos fiscales. “Se están dilapidando, se están fumigando, están despilfarrando el dinero de los españoles”, denunció el economista, reclamando al Ejecutivo transparencia y claridad sobre en qué se está gastando esta diferencia de 40.000 millones de euros acumulados.
Riesgos a medio plazo
El fuerte incremento del déficit compromete los objetivos de estabilidad presupuestaria y supone una presión añadida sobre la deuda pública. Con un gasto que crece muy por encima de los ingresos, la sostenibilidad de las cuentas dependerá de que el Gobierno logre contener la expansión de los compromisos financieros, especialmente con las comunidades autónomas y la Seguridad Social.
El informe de la IGAE y las críticas de expertos como Riera reabren el debate sobre la gestión del gasto público y el reparto territorial de los recursos, en un contexto marcado por las tensiones políticas y la negociación del sistema de financiación autonómica.
