El reparto de cerca de 20.000 millones de euros en contratos estratégicos de Defensa ha desatado una fuerte controversia por la forma en que se han tramitado y por la concentración de adjudicaciones en un reducido número de empresas.
Según la información publicada en El Debate y difundida por el economista José Ramón Riera, el Ministerio de Defensa habría aprobado durante la segunda quincena de diciembre adjudicaciones millonarias mediante procedimientos sin publicidad y con una sola oferta por lote, lo que impide, en la práctica, cualquier concurrencia real.
“Cuando se reparten miles de millones a puerta cerrada, el mensaje al tejido empresarial es devastador: da igual ser competitivo si no estás dentro”, ha denunciado Riera en su análisis.
Una UTE que concentra 6.700 millones
Del total de los contratos, destaca la adjudicación de 6.700 millones de euros a una unión temporal de empresas (UTE) formada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering, dentro de un paquete que, según las cifras manejadas, supera los 10.000 millones destinados al sector tecnológico y de armamento.
Además, otras partidas se habrían repartido entre Indra en solitario por unos 3.300 millones y Airbus por alrededor de 10.000 millones, siempre con el mismo patrón: un único licitador por contrato y procedimientos cerrados al resto del mercado.
Todo ello se produjo mientras el Congreso estaba de vacaciones, sin debate parlamentario ni control político, lo que ha generado una profunda inquietud entre expertos y analistas del sector.
Sin competencia y con puntuaciones máximas
Uno de los aspectos más llamativos es que las ofertas presentadas habrían obtenido la máxima puntuación técnica, 100 sobre 100, algo muy poco habitual en procesos de contratación pública de esta magnitud. Para Riera, este dato refuerza la sensación de que no existió una verdadera evaluación competitiva.
“Una adjudicación perfecta, sin rivales y con nota máxima, es estadísticamente anómala”, subraya el economista, quien considera que este tipo de prácticas distorsionan el mercado y generan un riesgo sistémico para el sector Defensa.
Un modelo que preocupa al tejido empresarial
El debate no gira únicamente en torno a la legalidad de las adjudicaciones, sino a su aceptabilidad desde el punto de vista ético y económico. Mientras a los ciudadanos se les exige rigor fiscal, el Estado se permite, según Riera, “concentrar miles de millones sin transparencia ni competencia efectiva”.
El economista advierte de que este modelo desalienta la innovación y deja fuera a empresas que podrían aportar soluciones competitivas: “Cuando la competencia estorba, el mercado deja de funcionar y el dinero público pierde su razón de ser”.
Las cifras, los tiempos y la forma de los procesos han colocado a estas adjudicaciones en el centro del debate público, abriendo la puerta a posibles revisiones políticas y jurídicas si prosperan las críticas.
