La oleada de incendios forestales que arrasa comunidades como Castilla y León, Galicia, Asturias y Extremadura ha dejado tras de sí un balance devastador: familias que han perdido sus viviendas, agricultores y ganaderos que se han quedado sin explotaciones y negocios arruinados por completo. Sin embargo, las ayudas económicas que ha activado el Gobierno resultan muy limitadas y están generando un fuerte malestar entre los afectados.
El Sistema Nacional de Protección Civil establece una cuantía máxima de 15.000 euros por destrucción total de vivienda habitual. Una cifra muy alejada de la realidad: el patrimonio medio en España se sitúa en torno a los 126.290 euros por persona, según el Global Wealth Report 2025. En la práctica, estas compensaciones cubrirían apenas un 11% de los gastos de reconstrucción y reposición de bienes perdidos.
Las organizaciones agrarias denuncian además que el proceso para acceder a estas ayudas es un auténtico “engorro burocrático” y que las exenciones fiscales como el IBI solo benefician a los propietarios, dejando fuera a los arrendatarios. A esto se suman plazos de cobro que en algunos casos podrían extenderse hasta 2026, poniendo en riesgo la continuidad de explotaciones agrícolas y ganaderas.
El creador de contenido JaviZone, en un vídeo publicado en Instagram, puso el foco en la contradicción de las cifras:
“La ayuda máxima que va a recibir una persona que ha perdido su casa en los incendios es de solo 15.000 euros. Para ponerlo en contexto, un MENA nos cuesta al año a los españoles 50.000 euros. Es decir, gastamos entre 120 y 150 euros diarios en atender a los menores no acompañados, pero alguien que lo ha perdido todo recibirá apenas 15.000”.
JaviZone añadió que esta situación es un reflejo de las prioridades del Estado:
“Este es el país con récord de recaudación fiscal en la historia, 300.000 millones. Así cuida a sus ciudadanos: con 15.000 euros”.
Ayudas económicas del Gobierno y comunidades autónomas por los incendios
A la declaración de zona catastrófica aprobada por el Ejecutivo, que incluye ayudas directas y exenciones fiscales, se suman los planes de varias autonomías:
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Castilla y León: paquete de 114 millones con 500 € para cada familia desalojada, 5.500 € para autónomos y pymes, y hasta 5.000 € para la recuperación de negocios.
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Galicia: hasta 132.000 € para reconstrucción de viviendas ruinosas, entre 7.600 y 16.200 € para mobiliario y bienes básicos, 200.000 € para explotaciones agrarias y 600.000 € para negocios afectados.
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Asturias: 800.000 € destinados a ganaderos para compensar pérdidas de forraje en nueve concejos.
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Extremadura: ayudas directas de hasta 3.000 € para autónomos y pymes turísticas, préstamos de 50.000 € y 3.000 €/hectárea para cultivos perdidos, además de compensaciones por ganado y colmenas.
Un contraste evidente
Las cifras muestran un fuerte contraste entre la ayuda estatal y la autonómica. Mientras el Gobierno central mantiene el límite de 15.000 euros por vivienda destruida, las comunidades como Galicia contemplan compensaciones de hasta 132.000 euros para la reconstrucción de hogares o 600.000 euros para empresas.
