La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) urgió este martes al Gobierno para que defina el índice de actualización de rentas, con el que se calcula la subida de los alquileres del año que viene, y que, según la agencia, está provocando "inseguridad jurídica" a los arrendatarios y arrendadores.
Según informó la agencia, los contratos que se suscriban a partir del 1 de enero de 2024 tienen un vacío legal en cuanto a cómo deben actualizarse porque el Gobierno, a escasos días de que acabe el año, no ha definido el índice de referencia por el que van a tener que actualizar sus rentas todos los arrendamientos de viviendas que se suscriban con la entrada del nuevo año. Ese índice se actualizaría por primera vez en el año 2025.
La agencia matizó que, si bien la Ley 12/2023 de 24 de mayo por el derecho a la vivienda obliga al Gobierno, concretamente al Instituto Nacional de Estadística (INE), a definir un nuevo índice de actualización de rentas antes del 31 de enero de 2024, el no haberlo hecho ya está “originando inseguridad” en los nuevos contratos que empezarán a suscribirse a primeros de este 2024 y cuyas firmas ya están fijadas.
Los arrendamientos de viviendas que estén actualizando en este año 2023 sus rentas (que son los que se suscribieron en el año 2022) las están actualizando, a falta de acuerdo entre las partes, con el tope del 2%. También todos los arrendamientos cuyas rentas tengan que actualizarse en el 2024 (que son los que se suscribieron en el año 2023) tendrán que actualizar sus rentas, a falta de acuerdo entre las partes, con el tope del 3%.
El director de ANA, José Ramón Zurdo, manifestó que esto está provocando “inseguridad jurídica” porque “mientras no se defina un nuevo índice a aplicar, tanto arrendador como arrendatario” no van a “poder conocer por qué índice de actualización van a poder actualizar sus rentas en el futuro”.
La agencia insistió en que esto está provocando una “gran inseguridad” por no conocer que índices aplicar a los nuevos arrendamientos, porque los topes de actualización de rentas del 2 y 3% dejan de regir para los arrendamientos que se firmen a partir del 1 de enero de 2024, y puede provocar que las partes interpreten que tienen capacidad para fijar libremente cualquier índice de actualización, que posteriormente un decreto ley lo modifique, imponiendo de forma retroactiva, otro índice diferente.
