Así lo anunció este lunes el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante el balance del curso político celebrado en el Palacio de la Moncloa.
La medida se articulará mediante un real decreto ley que será aprobado el próximo 23 de diciembre, en el último Consejo de Ministros del año, y beneficiará inicialmente a unos dos millones de usuarios del transporte público.
Un abono válido para Cercanías, Media Distancia y autobuses estatales
El nuevo título de transporte permitirá el uso ilimitado de todos los trenes de Cercanías, Media Distancia y de los servicios de autobús de titularidad estatal en todo el territorio nacional. Según explicó el presidente, se trata de una iniciativa que refuerza la movilidad sostenible y supone un ahorro directo para las economías familiares.
“Es una apuesta muy rotunda por la movilidad sostenible y también por la clase media y trabajadora”, señaló Sánchez, quien subrayó que esta tarifa plana permitirá reducir de forma significativa el gasto mensual en desplazamientos habituales.
El Gobierno estima que un trabajador que se desplace a diario entre ciudades como Vigo y Santiago o Jerez y Sevilla podrá ahorrar hasta cerca de un 60% en su factura mensual de transporte público.
Llamamiento a las comunidades para ampliar el abono al transporte urbano
El presidente del Gobierno hizo un llamamiento a los ejecutivos autonómicos y locales para que se adhieran progresivamente al nuevo abono estatal, con el objetivo de integrar también las redes de transporte público autonómicas y municipales, como los autobuses urbanos o los servicios de Metro.
De sumarse las comunidades, el abono único podría convertirse en un título intermodal que facilite los desplazamientos diarios en grandes áreas metropolitanas como Madrid, Barcelona o Valencia, ampliando aún más su impacto social y económico.
Prórroga de las ayudas al transporte frente a la inflación
El real decreto ley incluirá también la extensión de las ayudas al transporte público que se pusieron en marcha para paliar los efectos de la crisis inflacionista derivada de la guerra en Ucrania. El Ejecutivo mantiene así su apuesta por incentivar el uso del transporte colectivo como alternativa al vehículo privado.
Vivienda: defensa de la intervención pública
Durante su intervención, Sánchez también abordó la política de vivienda, reconociendo que sigue siendo uno de los principales problemas sociales del país. No obstante, defendió las medidas adoptadas por el Gobierno, como la Ley de Vivienda, que ya ha permitido declarar 304 municipios como zonas tensionadas en las comunidades que la aplican.
Asimismo, recordó la creación de la empresa estatal Casa47, destinada a recuperar vivienda pública procedente de la Sareb, con el objetivo de poner en el mercado hasta 55.000 viviendas, y la retirada de 54.000 viviendas turísticas ilegales para mejorar la habitabilidad de las ciudades.
