Según explicó el CSD este viernes, el pasado martes, 2 de enero, dio traslado a la Fiscalía General del Estado del resultado de una investigación desarrollada en el seno del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes a raíz de una denuncia por presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos y en el control y sanción del dopaje por parte de la Celad.
"Esta decisión, adoptada desde el máximo respeto a la presunción de inocencia, cuenta con el visto bueno de la Subsecretaría del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y de la Abogacía del Estado y responde al compromiso de dotar a la lucha contra el dopaje de los máximos estándares de transparencia, eficacia, eficiencia y seguridad", explicó el CSD, que ha dado traslado asimismo a la Fiscalía General del Estado de los informes remitidos por Terreros sobre su praxis.
Entiende que debe ser la Fiscalía la que "aprecie si existen indicios racionales de la comisión de algún delito", pero en todo caso "no podemos consentir la más mínima sospecha o duda en relación con la lucha contra el dopaje y con el sistema que debe garantizar el juego limpio, la integridad de las competiciones y preservar la salud de los deportistas".
Por todo ello, "ante el cariz de los acontecimientos y del daño reputacional al que se expone el deporte español y nuestro sistema de control", se ha solicitado la dimisión de Terreros y en caso de no producirse, se propondrá en el próximo Consejo Rector, "órgano competente en última instancia de esta decisión", formado por un consejero en representación de las federaciones deportivas españolas, un consejero en representación de todas las comunidades autónomas y varios consejeros en representación de diversos ministerios.
Además, propondrán "una revisión del funcionamiento interno" de la Celad "en aras del máximo control y la máxima transparencia".
Uribes reiteró "el compromiso de España con que todos los deportistas compitan en igualdad de condiciones y con que la pureza del deporte prevalezca, lo que pasa por garantizar el estricto cumplimiento del Código Mundial y de la normativa antidopaje, con el fin de que siempre se vean implementadas las medidas más estrictas de control y se fomente una cultura deportiva que valore la ética y la integridad de todas las competiciones”. Con ese fin, "España subraya su total predisposición a colaborar lealmente con la Agencia Mundial Antidopaje".