El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, informó este miércoles al Consejo de Gobierno del informe remitido al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en el que se detallan las alegaciones presentadas al proyecto de Real Decreto que contempla la creación de nuevas plazas judiciales para el año 2026.
El Ejecutivo madrileño considera que el número de plazas asignadas a la región resulta “manifiestamente insuficiente” para hacer frente a la carga de trabajo que soportan actualmente los órganos judiciales, en contraste con la estimación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que en su Memoria Anual de 2024 cifraba en 142 las plazas necesarias, mientras que el decreto solo contempla 69 para la comunidad.
Además, el informe de la Comunidad de Madrid subraya que el proyecto adolece de “carencias técnicas, organizativas y presupuestarias” que podrían comprometer su eficacia y adecuación a las necesidades reales del sistema judicial en la región. Entre los aspectos criticados figura la falta de una memoria económica suficiente y verificable, así como la ausencia de una previsión detallada de financiación que garantice la implantación efectiva de las plazas previstas.
Uno de los puntos más relevantes de las alegaciones es la exigencia de que el Real Decreto establezca de forma inequívoca que la provisión de las nuevas plazas se realizará mediante oposición libre, en consonancia con los principios constitucionales de mérito y capacidad. El Ejecutivo regional considera que el texto actual del decreto no ofrece esta seguridad, lo que, a su juicio, podría poner en riesgo la transparencia y legitimidad de los procesos de acceso a la judicatura.
La falta de concreción sobre la fecha efectiva de entrada en funcionamiento de las plazas también figura entre las críticas, ya que las comunidades autónomas con competencias transferidas necesitan planificación anticipada para dotar de medios materiales, tecnológicos e infraestructurales los nuevos puestos.
Con estas alegaciones, la Comunidad de Madrid reclama una modificación sustancial del proyecto de decreto, que contemple un mayor número de plazas para la región, garantice el acceso por oposición libre y cuente con una memoria económica completa que permita asegurar un despliegue eficaz y ajustado a las necesidades de la administración de justicia.
