Huelga

Última jornada de huelga de jueces y fiscales con incertidumbre sobre el descuento salarial y fuerte división entre asociaciones

Las asociaciones convocantes aseguran un seguimiento medio del 70%, mientras el Gobierno rebaja la cifra y persiste el conflicto sobre posibles descuentos salariales

Imagen de la protesta de jueces y fiscales este sábado ante el Supremo | Foto de Servimedia
photo_camera Imagen de la protesta de jueces y fiscales este sábado ante el Supremo | Foto de Servimedia

La tercera y última jornada de huelga de jueces y fiscales convocada contra la reforma judicial impulsada por el Gobierno ha concluido este jueves en un ambiente de tensión institucional y con incertidumbre sobre posibles descuentos en las nóminas de quienes han secundado el paro.

El paro, que comenzó el pasado martes y se ha prolongado durante tres días, ha sido convocado por varias asociaciones judiciales y fiscales para protestar contra la reforma del acceso a la carrera judicial y del estatuto del Ministerio Fiscal, contenida en una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. La medida ha suscitado una fuerte división dentro de la carrera judicial, con las asociaciones progresistas absteniéndose de participar en la huelga, aunque sí han manifestado su rechazo a la enmienda por considerar que afecta a la independencia del Poder Judicial.

Discrepancias en el seguimiento

Las asociaciones convocantes han cifrado el seguimiento medio de la huelga en un 70%, con una participación del 75% en la primera jornada, un 70% en la segunda y un 65% en esta última. Sin embargo, desde el Ministerio de Justicia, dirigido por Félix Bolaños, se ha rebajado drásticamente esa cifra, informando que el primer día solo un 28% de jueces y fiscales secundaron la protesta, y el segundo, un 30%. Hasta el cierre de esta edición, el Gobierno no ha ofrecido datos sobre la participación en la jornada de hoy ni un balance global.

La diferencia en las cifras ha avivado el debate sobre la efectividad de la protesta y ha incrementado la presión sobre el Ejecutivo, que considera que la reforma busca modernizar y democratizar el sistema de acceso a la carrera judicial, mientras que los convocantes la ven como un riesgo de politización y una intromisión en la autonomía judicial.

Dudas sobre las nóminas y conflicto con el CGPJ

Uno de los elementos más controvertidos del conflicto se ha producido este jueves, cuando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha respondido al requerimiento del Ministerio de Justicia para que le entregara una “lista completa” de los jueces y fiscales que han hecho huelga con el fin de aplicar los correspondientes descuentos salariales. El órgano de gobierno de los jueces ha señalado que no puede “recabar imperativamente” la identidad de los participantes en el paro, argumentando que no dispone de esa capacidad legal, lo que abre un nuevo frente institucional.

Esta respuesta ha generado incertidumbre entre los magistrados y fiscales, que no saben si verán reducido su salario por los días de huelga, y ha elevado la tensión entre el CGPJ y el Ejecutivo. La cuestión podría derivar en futuros litigios administrativos o judiciales, según apuntan fuentes jurídicas.

Asociaciones progresistas: fuera de la huelga, pero críticas con la reforma

Las asociaciones judiciales progresistas, como Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, han decidido no sumarse a la huelga, aunque han mostrado su desacuerdo con el contenido de la enmienda y han pedido su retirada o revisión en el Congreso. Argumentan que no comparten la forma ni el fondo de la reforma, pero consideran que la huelga no es el mecanismo más adecuado para canalizar esa oposición.

Por el contrario, asociaciones como la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Foro Judicial Independiente o la Asociación de Fiscales han mantenido la convocatoria, subrayando que la enmienda no ha sido dialogada con los actores implicados y que altera los equilibrios constitucionales en el sistema judicial.

Una reforma bajo el foco

La reforma en cuestión incluye cambios sustanciales en el proceso de selección y promoción en la carrera judicial y fiscal, además de una nueva definición del estatuto del Ministerio Fiscal. El principal reproche de los críticos es que el nuevo sistema disminuye el peso de la oposición clásica, abre la puerta a la designación por méritos subjetivos y aumenta el margen de influencia del poder político en el acceso a estos cuerpos.

Desde el PSOE, se defiende que la propuesta busca ampliar el acceso a los jóvenes con menos recursos y avanzar hacia un modelo más inclusivo y representativo del conjunto de la sociedad. Sin embargo, la falta de consenso con las asociaciones profesionales y la intensidad de la respuesta judicial han encendido todas las alarmas en el sector.

¿Y ahora qué?

Finalizada la huelga, el Gobierno mantiene su intención de seguir tramitando la enmienda en el Congreso de los Diputados, aunque podría abrirse una vía de diálogo en los próximos días para calmar las aguas. Mientras tanto, las asociaciones convocantes han anunciado que evaluarán nuevas acciones de presión, sin descartar una segunda convocatoria de huelga si no se retiran o modifican los puntos más polémicos de la reforma.

La crisis entre el Gobierno y los operadores judiciales se mantiene abierta, en un contexto político y social especialmente sensible para la credibilidad de las instituciones.