El doctor Antonio Burgueño, ex asesor sanitario de la Comunidad de Madrid, ha sido citado a declarar como investigado el próximo lunes por su implicación en la elaboración del plan de triaje aplicado durante la primera ola de la pandemia en residencias de mayores. Su citación convierte a Burgueño en el tercer imputado en esta causa, que investiga la posible responsabilidad penal por las muertes en residencias madrileñas en los primeros meses de 2020.
El procedimiento judicial fue reabierto el pasado 1 de abril por el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, a solicitud de la Fiscalía Provincial, que actuó bajo instrucción directa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La causa, archivada provisionalmente desde hace casi tres años, busca ahora esclarecer si los protocolos aplicados impidieron el acceso a la sanidad pública de miles de personas mayores durante la pandemia.
Investigados por impedir derivaciones hospitalarias
Junto a Burgueño, también han sido citados Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, ambos ex altos cargos del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, y considerados principales responsables de los documentos que desaconsejaban la derivación hospitalaria de residentes con discapacidad severa o deterioro cognitivo. Estos protocolos, según sostienen los denunciantes, condenaron a muchos mayores a morir sin atención médica adecuada.
Reacciones políticas
Desde Más Madrid, principal grupo de la oposición en la Asamblea regional, la imputación de Burgueño es vista como “un avance hacia la verdad y la justicia para las 7.291 familias que perdieron a sus seres queridos en condiciones indignas”, en palabras de su portavoz, Manuela Bergerot, quien ya ha anunciado que llamarán a comparecer a todos los investigados en sede parlamentaria.
Por el contrario, desde el Partido Popular se ha criticado duramente la actuación del Ministerio Público, insistiendo en que esta reapertura judicial responde a “motivaciones políticas” y señalando, como prueba, las declaraciones pasadas del presidente Pedro Sánchez sobre la dependencia de la Fiscalía respecto del Gobierno.
Un caso que reabre viejas heridas
La investigación judicial pretende determinar si existió negligencia o discriminación sistemática en la atención sanitaria a personas mayores durante los momentos más críticos de la pandemia. El protocolo cuestionado se aplicó durante los meses de marzo y abril de 2020, cuando las residencias vivieron un colapso sanitario sin precedentes y más de 7.000 mayores fallecieron solo en la Comunidad de Madrid.
La reapertura del caso también ha reactivado la movilización de colectivos de familiares de fallecidos, que llevan años exigiendo responsabilidades políticas y penales por lo ocurrido. “No pedimos venganza, pedimos justicia y verdad”, han reiterado en varias ocasiones.
La declaración de Antonio Burgueño se considera clave, al ser él uno de los autores del controvertido plan de actuación sanitaria durante la crisis en residencias. De sus explicaciones podría depender la eventual imputación de nuevos responsables políticos o técnicos en el seno del Gobierno madrileño de entonces.
La causa judicial se encuentra en fase de instrucción, y se prevé que nuevas diligencias se practiquen a lo largo de los próximos meses. La atención pública y mediática vuelve así a centrarse en uno de los episodios más trágicos y polémicos de la pandemia en España.
