La Fiscalía ha presentado un recurso ante la Sala de Apelación del Tribunal Supremo contra la decisión del magistrado Ángel Hurtado de procesar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con el caso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
En el escrito, firmado por la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, el Ministerio Público sostiene que la instrucción judicial adolece de graves defectos procesales y se basa en “argumentos reduccionistas” y carentes de pruebas. Solicita el archivo inmediato de la causa y la exoneración de ambos fiscales.
La filtración ya era conocida, según la Fiscalía
Uno de los ejes del recurso se centra en el correo fechado el 2 de febrero de 2024, cuya supuesta filtración a medios motivó la imputación. La Fiscalía argumenta que la existencia de un ofrecimiento de pacto procesal por parte de González Amador ya circulaba entre periodistas y en medios de comunicación antes de que el fiscal general lo recibiera, y que así lo confirmaron agentes de la UCO y testimonios de varios periodistas.
Además, recuerda que el mismo correo fue enviado a la Abogacía del Estado ese mismo día, por lo que no puede atribuirse exclusivamente a García Ortiz o a Rodríguez su posible difusión. La información, según la Fiscalía, también era conocida por la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que incluso alertó al fiscal general sobre la circulación de datos erróneos antes de que él tuviera acceso al mensaje.
Acusaciones infundadas y sin pruebas
Sánchez Conde critica duramente que el magistrado mencione indicios de órdenes desde Moncloa sin aportar pruebas. Califica esa afirmación como una introducción “ex novo” en el auto de procesamiento, lo que, según la Fiscalía, vulnera el derecho de defensa y rompe las garantías constitucionales.
“El propio juez reconoce que la filtración ya estaba en conocimiento de terceros antes de llegar al fiscal general. Sin embargo, infiere responsabilidades sin base probatoria”, denuncia la teniente fiscal, quien además sostiene que los agentes de la UCO no hallaron pruebas de concierto o filtración entre García Ortiz y Rodríguez.
Relevancia institucional del desmentido
Otro punto clave del recurso es la respuesta institucional a informaciones falsas, concretamente una noticia de El Mundo que afirmaba que fue la Fiscalía quien ofreció el pacto a González Amador. La Fiscalía insiste en que desmentir esa información era de interés público, ya que atribuía a la institución una actuación supuestamente irregular por razones políticas.
“No puede considerarse irrelevante que se quiera aclarar públicamente que no existieron órdenes políticas ni pactos ofrecidos por la Fiscalía. La transparencia en estos casos es una garantía para todos los ciudadanos”, subraya Sánchez Conde.
Denuncia de parcialidad en la instrucción
El recurso concluye criticando la forma en que se ha desarrollado la instrucción: “No se ha acomodado a las garantías procesales ni constitucionales”, apunta la número dos del Ministerio Público, que denuncia omisiones de diligencias clave, falta de contradicción, y la ausencia de pruebas solicitadas por la defensa de Pilar Rodríguez, que pidió los correos entre la Fiscalía y los abogados del imputado.
En definitiva, la Fiscalía considera que el procesamiento responde más a una construcción especulativa que a hechos demostrados, y solicita su inmediato archivo para preservar la legalidad y el respeto a los derechos fundamentales.
