El nuevo Anteproyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios, impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, ha desatado una ola de rechazo entre las once comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, que acusan al Ejecutivo central de imponer unilateralmente un modelo que invade competencias autonómicas y pone en riesgo la eficacia y la equidad del sistema sanitario.
Lejos de nacer del diálogo y el consenso, las autonomías denuncian que la propuesta ha sido elaborada sin contar con los órganos territoriales, como la Comisión Permanente de Farmacia, dejando fuera a quienes gestionan y financian la atención sanitaria en cada región. Las comunidades populares han presentado alegaciones conjuntas, en las que advierten de los riesgos asistenciales y organizativos que entraña la nueva normativa.
Entre los aspectos más polémicos destaca la creación de un sistema de "precios seleccionados", que limita la libertad de elección de medicamentos tanto para los médicos como para los pacientes. Aunque el Ministerio de Sanidad defiende esta medida como una vía para mejorar la eficiencia, las comunidades alertan de que podría provocar desabastecimientos y restringir el abanico terapéutico, afectando directamente a la calidad de la atención.
Otro de los puntos que genera mayor preocupación es la introducción del concepto de “medicamento de primera prescripción”, cuya definición ambigua podría convertirse, según las comunidades, en una herramienta para restringir tratamientos con el único objetivo de ahorrar costes, dejando de lado el criterio clínico que debe prevalecer en la práctica médica.
Las autonomías también critican que el texto no contempla adecuadamente la atención farmacéutica en centros sociosanitarios, un ámbito que afecta a personas mayores y dependientes, lo que consideran una muestra de desconexión con la realidad asistencial. Además, la propuesta plantea cambios en la adquisición centralizada de medicamentos hospitalarios, lo que, según denuncian, despojaría a los gobiernos autonómicos de competencias clave para garantizar la disponibilidad y calidad de los tratamientos en sus territorios.
Ante este escenario, las comunidades del PP califican el anteproyecto como una "ley intervencionista" que rompe el modelo de descentralización sanitaria construido durante décadas y que ha permitido adaptar la atención a las necesidades de cada territorio. Denuncian que el Gobierno está más interesado en mostrar poder regulador que en proteger un sistema sanitario cercano y eficaz.
Las comunidades advierten que el medicamento es un bien esencial que no admite experimentos ideológicos y reclaman al Ejecutivo que retome el diálogo real y efectivo con las autonomías. Consideran que una ley que nace sin consenso está condenada al fracaso, y recuerdan que en sanidad, los errores no se pagan en votos, sino en salud.
