El plan presentado por Aena contempla una subida media anual de 0,43 euros por pasajero, equivalente a un incremento del 3,8% en las tasas que las aerolíneas pagan para operar en los aeropuertos españoles durante los próximos cinco años, lo que el gestor considera necesario para financiar inversiones estimadas en alrededor de 13.000 millones de euros en infraestructuras y capacidad aeroportuaria.
Argumentos de las aerolíneas
Las principales asociaciones del sector, incluida la International Air Transport Association (IATA) y la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), han rechazado la propuesta de Aena por considerarla injustificada y han reclamado que las tasas aeroportuarias se reduzcan un 4,9% anual en lugar de subirlas, argumentando que las proyecciones de crecimiento del tráfico que presenta Aena están subestimadas y que el gestor ha obtenido retornos regulados excesivos en ciclos anteriores.
Desde estas asociaciones señalan que el tráfico de pasajeros crecerá alrededor de un 3,6% al año hasta 2031, frente al 1,3% que estima Aena, lo que permitiría mantener el plan de inversiones sin subir las tasas e incluso aplicando rebajas. Argumentan que entre 2017 y 2025 el tráfico real ha sido consistentemente más alto que las previsiones utilizadas para fijar tarifas, lo que ha generado retornos regulados superiores a lo esperado, que finalmente han sido asumidos por aerolíneas y pasajeros.
Defensa del gestor aeroportuario
Aena, por su parte, defiende la necesidad del incremento tarifario como parte de la financiación de las inversiones anunciadas para ampliar y modernizar infraestructuras aeroportuarias, incluyendo grandes proyectos en aeropuertos como Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Alicante y otros.
La compañía sostiene que el aumento medio anual de 0,43 euros por pasajero responde a criterios técnicos y a los costes estimados de operar y mantener la red aeroportuaria, y que incluso con esa subida las tasas seguirían siendo competitivas en comparación con otros operadores europeos del sector.
El documento de regulación ahora debe pasar por los trámites de evaluación de la Dirección General de Aviación Civil, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y finalmente la aprobación del Consejo de Ministros, prevista antes de septiembre de 2026.
Impacto en pasajeros y debate regulatorio
El debate sobre las tarifas evidencia una tensión más amplia entre la necesidad de financiar grandes proyectos de infraestructura aeroportuaria y las preocupaciones de las aerolíneas de que un alza de costes podría trasladarse a los precios de los billetes o reducir la competitividad del transporte aéreo en España. Las compañías consideran que una mejor previsión del tráfico y una gestión más eficiente permitirían equilibrar inversiones y costes sin incrementar las tasas que finalmente pagan los pasajeros y las aerolíneas.
