El juez del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, ha argumentado que la investigación no puede avanzar ante la “impotencia investigadora” derivada de la negativa de Israel a responder a las solicitudes de cooperación internacional. La empresa israelí NSO Group, creadora de Pegasus, se encuentra en el centro de la causa, pero las autoridades del país no han facilitado acceso a información ni a declaraciones de responsables que podrían esclarecer los hechos.
Esta es la segunda vez que la causa queda provisionalmente archivada. La primera fue en 2023, por motivos similares, y la investigación fue reabierta en 2024 tras recibir datos complementarios desde Francia. A pesar de esos elementos, la falta de cooperación internacional ha impedido determinar responsabilidades concretas y atribuir los hechos a personas específicas.
El magistrado subraya que, sin la colaboración de Israel, las comisiones rogatorias no han podido cumplirse, lo que obliga a decretar el sobreseimiento provisional por falta de autor conocido. La causa permanecerá latente hasta que, en caso de cooperación o aparición de nuevas pruebas, pueda retomarse.
El caso Pegasus se originó a raíz de denuncias sobre la supuesta instalación del software espía en teléfonos de miembros del Gobierno español entre 2020 y 2021. La falta de respuesta de Israel evidencia los límites de la cooperación judicial internacional en materia de ciberespionaje y subraya la complejidad de investigar delitos tecnológicos que involucran actores extranjeros.
