Los eurodiputados españoles Diego Solier y Nora Junco, que obtuvieron sus escaños en las elecciones europeas de 2024 como parte de la candidatura de Se Acabó La Fiesta (SALF) y más tarde se integraron en el grupo de Conservadores y Reformistas Europeos del Parlamento Europeo, han sido citados este lunes a declarar ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por la querella que presentaron contra Luis ‘Alvise’ Pérez.
La acción judicial se basa en la denuncia presentada por ambos parlamentarios en junio de 2025 por presuntos delitos de acoso y revelación de secretos atribuidos a Pérez. En su querella, los eurodiputados sostienen que, tras su ruptura con la formación de Alvise, éste habría llevado a cabo una campaña de hostigamiento a través de mensajes públicos y en redes sociales, lo que llegó a generarles temor “por su integridad física” y situaciones de inseguridad personal al divulgar información privada.
Entre las conductas denunciadas se encuentra la supuesta publicación de datos como direcciones de correo electrónico, números de teléfono y perfiles en redes sociales, así como mensajes ofensivos o amenazantes difundidos en plataformas como Telegram y en contenidos de audio o vídeo. Los querellantes aseguraron que esta situación les obligó a modificar sus rutinas diarias, cerrar algunos perfiles en redes y limitar la interacción pública.
El magistrado Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, fue quien admitió a trámite la querella y abrió diligencias previas al considerar que existían indicios suficientes para investigar los hechos. El propio tribunal ofreció a Pérez la posibilidad de declarar de forma voluntaria, aunque fuentes consultadas señalan que su presencia en la comparecencia de este lunes es poco probable.
Este procedimiento se enmarca en una serie de investigaciones abiertas en el alto tribunal contra Alvise, que incluyen otras causas por presuntos delitos como financiación ilegal de campaña y difusión de documentos falsos, entre otros.
La comparecencia de Solier y Junco ante el Supremo supone un paso clave en la tramitación de la querella presentada el pasado año y será seguida de cerca por los tribunales para evaluar los posibles avances en la investigación.
