El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha ratificado este miércoles los nombramientos de Andrés Martínez Arrieta como presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y de Pablo Lucas como presidente de la Sala Tercera, después de que ambos magistrados desempeñaran estas funciones de forma interina durante los últimos meses. La decisión ha sido adoptada por el Pleno del CGPJ en una sesión que ha permitido consolidar dos cargos clave en la estructura judicial del país.
Con 15 votos a favor, Martínez Arrieta ha sido respaldado para continuar al frente de la Sala de lo Penal, mientras que Pablo Lucas ha obtenido 16 apoyos para dirigir la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Ambos magistrados cuentan con trayectorias de gran relevancia dentro del alto tribunal y gozan de un amplio reconocimiento por su labor judicial.
Un paso clave para estabilizar la cúpula judicial
La consolidación de estos cargos representa un avance significativo para normalizar la situación del Tribunal Supremo, después de meses de interinidad derivados del bloqueo institucional en el CGPJ, que mantiene su mandato caducado desde diciembre de 2018. La imposibilidad de alcanzar consensos entre los sectores progresista y conservador del órgano había impedido hasta ahora la renovación formal de estas presidencias de Sala.
La elección de Arrieta y Lucas ha sido posible gracias a la retirada voluntaria de las candidaturas de Ana Ferrer y Pilar Teso, quienes dieron un paso al costado en un gesto orientado a facilitar el desbloqueo institucional y evitar un nuevo reparto en empate, que habría prolongado aún más la parálisis del CGPJ.
Trayectorias consolidadas al servicio del Supremo
Andrés Martínez Arrieta, jurista con una dilatada carrera en la judicatura, ocupa un puesto clave al frente de la Sala Segunda, encargada de los casos penales más relevantes, incluidos los procedimientos contra aforados. Su mandato se extenderá hasta su jubilación, prevista para 2027. Durante los últimos meses, ya venía ejerciendo como presidente interino tras la salida de su antecesor.
Por su parte, Pablo Lucas cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en la Sala Tercera del Supremo, especializada en el control de la legalidad de la actuación administrativa. Lucas ha sido además responsable del control judicial previo de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), lo que lo convierte en una figura de alta relevancia en el ámbito de la seguridad y los derechos fundamentales.
El CGPJ sigue pendiente de su renovación
Aunque estos nombramientos suponen un alivio temporal para el funcionamiento del Supremo, la situación del CGPJ continúa siendo objeto de críticas por su falta de renovación. La actual composición del órgano lleva más de seis años en funciones, una anomalía institucional que ha generado tensiones entre los poderes del Estado y que afecta al conjunto del sistema judicial español.
En este contexto, los consensos alcanzados para ratificar estos dos cargos son vistos como un gesto pragmático, pero también como una advertencia sobre la necesidad urgente de reformar el sistema de elección de los vocales del Consejo, tal como viene exigiendo reiteradamente la Comisión Europea.
Mientras tanto, el Tribunal Supremo refuerza su estructura con dos perfiles de alto nivel, en un momento especialmente delicado en lo institucional y en lo político, marcado por grandes causas judiciales en curso y por una creciente presión sobre la independencia del poder judicial.