El primer proceso judicial dirigido contra un familiar directo del presidente del Gobierno ha concluido en primera instancia con un fallo adverso en el ámbito administrativo, aunque alejado de las peticiones de privación de libertad. La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado por unanimidad a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano de Pedro Sánchez, a 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo al considerarlo autor de un delito de prevaricación administrativa.
La resolución judicial, de la que ha sido ponente el magistrado Emilio Serrano, ha absuelto sin embargo a los 11 acusados del delito de tráfico de influencias por falta de pruebas acreditadas, aplicando el principio in dubio pro reo.
Con esta decisión, el tribunal descarta la solicitud de hasta seis años de prisión que reclamaba el bloque de las acusaciones populares (integrado por el Partido Popular, Vox, Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Liberum e Iustitia Europa), en una causa en la que la Fiscalía Provincial no formuló acusación y solicitó de forma reiterada la absolución de todos los encausados. Asimismo, el tribunal ha declarado prescrito el delito de aceptación de nombramiento ilegal respecto a la contratación original del músico en el año 2017.
Dos plazas bajo sospecha y penas de inhabilitación para Miguel Ángel Gallardo
El grueso de la sentencia se enfoca en la arbitrariedad en la gestión de fondos y puestos públicos por parte de la Diputación de Badajoz, entonces presidida por el socialista Miguel Ángel Gallardo, quien ha sido condenado a dos penas de 9 años de inhabilitación (18 años en total) por dos delitos de prevaricación. El fallo considera probado que la institución provincial diseñó y adaptó la plaza de "Coordinador de Actividades de los Conservatorios" en julio de 2017 para David Sánchez, y analiza con especial dureza el posterior "cambio de nomenclatura" de octubre de 2022 a "Jefe de la Oficina de Artes Escénicas". Los magistrados concluyen que esta modificación fue en realidad la creación encubierta de un puesto a la medida de sus aspiraciones de ópera, señalando que el propio acusado reconoció en la vista oral que no sabía ubicar físicamente dicha oficina, afirmando que "está donde está él".
Adicionalmente, la resolución condena por el mismo delito de prevaricación al asesor Luis María Carrero Pérez, amigo personal de David Sánchez y antiguo colaborador en el Departamento de Asuntos Políticos de la Moncloa, al determinar que su plaza de jefe de sección de actividades transfronterizas fue creada con la finalidad de serle adjudicada de forma directa.
Los correos corporativos intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil resultaron claves para evidenciar la concertación previa de los puestos de trabajo. Al no haber ejercido acusación el Ministerio Público, la Audiencia ha impuesto a los condenados el pago de la mitad de las costas procesales, incluyendo las de las acusaciones populares, al considerar su personación "esencial" para el desarrollo de la causa. El fallo no es firme y puede ser recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en un plazo de 10 días.
