El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 22 de Madrid ha admitido a trámite el segundo recurso interpuesto por la Plataforma Ecologista Madrileña, esta vez contra la licencia de construcción concedida por el Ayuntamiento de Madrid. Esta decisión judicial obliga al consistorio a remitir el expediente administrativo completo, abriendo así la puerta a un análisis detallado del proceso seguido para autorizar el proyecto.
El recurso fue presentado el pasado 23 de junio a través de la asociación Liberum Natura, integrante de la Plataforma, y se suma a la primera impugnación —ya admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid— contra el Plan Especial que modificó la ordenación urbanística del recinto ferial para hacer posible la implantación del trazado.
Una tramitación urbanística “confusa y fragmentada”
Las organizaciones ecologistas denuncian que el desarrollo del circuito se ha llevado a cabo mediante una estrategia administrativa “fragmentada y poco transparente”. Según señalan, el proyecto ha sido dividido en distintas fases, tramitadas de forma paralela pero con marcos normativos diferentes. Por un lado, se modificaron las condiciones de uso de la parcela sur de IFEMA para permitir la actividad deportiva, aumentar la edificabilidad y eliminar arbolado. Por otro, se autorizó de forma independiente la construcción del circuito, que también afecta a la parcela norte y al viario público.
El proyecto, que atraviesa distintos ámbitos urbanísticos, ha sido gestionado como un “puzle jurídico” gracias a la posibilidad —amparada por la Ley Ómnibus de 2022— de conceder licencias por partes autónomas. La licencia recurrida en esta ocasión permite construir la pista y ejecutar las obras de urbanización necesarias, pese a que el conjunto del trazado aún no cuenta con una autorización definitiva.
Circuito temporal con una inversión millonaria
El carácter temporal del circuito también genera inquietud entre los colectivos ecologistas. Según el plan previsto, el trazado deberá ser desmantelado en un plazo máximo de diez años, motivo por el cual el Ayuntamiento ha otorgado una licencia de actividad temporal, equiparable a la que se concede para eventos ocasionales como ferias o festivales.
El coste global del proyecto asciende a casi 190 millones de euros, sumando los 142 millones destinados a la construcción del circuito y los 47,5 millones vinculados al plan especial urbanístico. La licencia final no se concederá hasta meses antes del Gran Premio de Madrid, programado para el 26 de septiembre de 2026.
Daños ambientales y ausencia de evaluación integral
Más allá de las cuestiones legales, las entidades integradas en la Plataforma Ecologista Madrileña —entre ellas ARBA, El Soto, GRAMA, Jarama Vivo y Liberum Natura— alertan sobre el impacto ambiental ya visible en la zona. La construcción de la pista ha supuesto la destrucción de los humedales existentes en la parcela norte, un espacio de alto valor ecológico próximo a Valdebebas.
Los colectivos critican la ausencia de una evaluación ambiental global del proyecto y denuncian que la fragmentación del proceso ha evitado una visión integral del impacto urbanístico, paisajístico y ecológico. También advierten que la reversibilidad del circuito no está garantizada y que los compromisos asumidos no ofrecen certezas suficientes.
Una plataforma comprometida con el territorio
La Plataforma Ecologista Madrileña, que forma parte de la Plataforma Stop F1 Madrid, reafirma su compromiso con la defensa del patrimonio natural, el equilibrio urbanístico y los derechos de la ciudadanía. Aseguran que agotarán todas las vías legales disponibles para detener lo que consideran una amenaza ecológica, urbanística y social para la ciudad.
Mientras avanza el proceso judicial, los colectivos ecologistas insisten en reclamar transparencia, participación y rigor en un proyecto de dimensiones excepcionales que, según sus palabras, “se está ejecutando sin un debate público real ni una planificación responsable a largo plazo”.
