El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado una revisión extraordinaria de los protocolos internos de acoso sexual y violencia de género en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tras la denuncia presentada por una agente contra el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González.
La medida busca analizar por qué la víctima decidió acudir directamente a la vía judicial en lugar de activar los mecanismos internos existentes, una circunstancia que, según el propio ministro, evidencia que “algo falla” en el sistema si una agente no confía en esos procedimientos.
El anuncio se produjo durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso, donde todos los grupos parlamentarios reclamaron explicaciones por el impacto del caso y sus posibles consecuencias en la reputación del cuerpo.
Una revisión para detectar fallos y mejorar el sistema
Según explicó Marlaska, la Secretaría de Estado de Seguridad evaluará el funcionamiento real de los protocolos de actuación ante situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo, género, orientación o identidad sexual.
El objetivo es identificar posibles carencias, corregirlas de forma inmediata y garantizar que las víctimas dispongan de mecanismos eficaces y seguros dentro de la organización.
El ministro defendió que los protocolos actuales han funcionado en otros casos, pero reconoció que la gravedad de los hechos denunciados y la posición del presunto implicado dentro de la estructura policial hacen necesaria una revisión específica y urgente.
“Queremos saber con precisión qué ocurrió en este caso y por qué una agente decidió no utilizar los canales internos”, subrayó.
Presión política en el Congreso
La comparecencia estuvo marcada por las críticas de varios grupos parlamentarios, que exigieron responsabilidades políticas por el caso.
Desde el Partido Popular, Vox y Unión del Pueblo Navarro se cuestionó la gestión del Ministerio y la continuidad del exDAO en el cargo. Por su parte, ERC, socio del Gobierno, también solicitó explicaciones, señalando el impacto del caso en la imagen del Ministerio del Interior y en los sistemas de control sobre los altos mandos.
Los portavoces coincidieron en que el asunto ha generado una fuerte conmoción social y un daño reputacional para la Policía Nacional.
Impacto institucional y confianza interna
El caso ha reabierto el debate sobre la confianza de los agentes en los mecanismos internos de denuncia, especialmente cuando los hechos afectan a mandos de alto nivel.
La revisión anunciada por Interior pretende reforzar esa confianza y garantizar que las víctimas puedan denunciar sin temor, con protección efectiva y sin obstáculos administrativos o jerárquicos.
El Ministerio considera que el análisis permitirá mejorar la prevención y la respuesta ante conductas de acoso o agresión dentro de las fuerzas de seguridad, en un contexto en el que la exigencia de transparencia y responsabilidad es máxima.
