La Comunidad de Madrid ha aprobado la continuidad del servicio de apoyo domiciliario y atención telefónica dirigido a familias acogedoras, con una inversión cercana a los 600.000 euros. El contrato, avalado por el Consejo de Gobierno, se extenderá desde el 1 de noviembre de 2026 hasta el 31 de octubre de 2028.
Este recurso está diseñado para ofrecer acompañamiento especializado a los hogares durante los primeros años del acogimiento, una etapa especialmente sensible tanto para los menores como para las familias.
Atención especializada en los momentos más delicados
El programa presta apoyo intensivo durante los dos primeros años de convivencia con el menor acogido, además de intervenir en aquellos casos donde surgen dificultades en la adaptación familiar.
El servicio se articula a través de dos equipos profesionales formados por seis técnicos de intervención y un coordinador cada uno. Su labor incluye seguimiento personalizado, orientación y asistencia directa para facilitar la integración del menor en el entorno familiar.
Más de 10.000 horas de intervención en un año
Durante 2025, este recurso atendió a 53 familias y 65 menores, acumulando más de 10.300 horas de intervención. Estas cifras reflejan la intensidad del acompañamiento que requieren los procesos de acogimiento, especialmente en situaciones complejas.
El objetivo es prevenir conflictos, reforzar los vínculos afectivos y garantizar el bienestar del menor dentro del núcleo familiar.
El acogimiento, una alternativa a la institucionalización
El acogimiento familiar permite que los menores en situación de vulnerabilidad crezcan en un entorno estable, integrados plenamente en una familia. Puede desarrollarse tanto en el seno de la familia extensa —como abuelos o tíos— como en familias ajenas seleccionadas por la administración.
Actualmente, la Comunidad de Madrid cuenta con más de 1.760 menores en acogimiento. De ellos, 1.086 viven con familiares y 674 en hogares de acogida ajenos.
Refuerzo del sistema de protección a la infancia
Con la renovación de este servicio, el Ejecutivo autonómico busca consolidar un modelo de protección que prioriza el entorno familiar frente a otros recursos asistenciales.
El acompañamiento profesional se convierte así en una herramienta esencial para garantizar la estabilidad de los acogimientos y favorecer el desarrollo emocional y social de los menores, al tiempo que se apoya a las familias en una tarea de gran responsabilidad.
