La asociación profesional JUCIL ha cargado duramente contra la decisión de la Dirección General de la Guardia Civil de obligar a más de 2.500 agentes de las promociones 130 y 171 a desplazarse este verano a Baeza y Valdemoro para asistir al acto de entrega de los Reales Despachos.
La organización considera que esta medida supone un “despilfarro de recursos públicos”, además de afectar directamente a la operatividad del cuerpo en plena campaña estival y perjudicar la conciliación de los agentes afectados.
JUCIL critica un acto “innecesario” y sin precedentes
Según denuncia la asociación, este formato de celebración no se había realizado anteriormente, ya que históricamente la documentación acreditativa se enviaba por correo tras actos mucho más sencillos y sin necesidad de desplazamientos masivos.
JUCIL sostiene que el calendario previsto resulta “carente de lógica operativa”, ya que el 18 de junio finaliza el periodo en las unidades de prácticas y los agentes ya conocen para entonces su destino definitivo.
La organización defiende que lo razonable sería que los guardias civiles se incorporasen directamente a sus nuevos destinos, evitando retrasos y costes adicionales.
Impacto en la seguridad durante el verano
Uno de los principales argumentos de JUCIL es el efecto que este desplazamiento tendrá sobre la seguridad ciudadana en plena temporada alta turística.
La asociación advierte de que la movilización de miles de efectivos durante varios días reducirá la presencia de agentes en zonas especialmente sensibles, precisamente en un momento del año marcado por vacaciones, aumento de desplazamientos y mayor presión operativa.
Además, critica que muchos guardias civiles deberán interrumpir:
- Cursos de formación
- Descansos programados
- Permisos de paternidad
- Procesos de incorporación a nuevos destinos
Todo ello para asistir a un acto protocolario que, según denuncian, apenas durará unas horas.
Críticas por el gasto en dietas y desplazamientos
La organización también cuestiona el coste económico del operativo, ya que implica el pago de dietas y desplazamientos, aunque en este caso se abone únicamente el 40 % de las cantidades habituales.
Desde JUCIL recuerdan que estas compensaciones económicas suelen abonarse con retraso y, en muchos casos, no cubren los gastos reales de los agentes.
Por ello, reclaman que esos recursos se destinen a cuestiones que consideran prioritarias, como:
- La equiparación salarial
- La compra de chalecos antibalas
- Material contra el narcotráfico
- Mejora de infraestructuras y medios operativos
Denuncian precariedad en academias y falta de medios
La asociación ha aprovechado también para denunciar las condiciones sufridas este invierno por alumnos en la academia de Academia de la Guardia Civil de Baeza, donde aseguran que hubo problemas de calefacción y agua caliente durante episodios de bajas temperaturas.
JUCIL considera contradictorio que la Administración alegue falta de presupuesto para mejorar instalaciones y medios materiales, mientras destina recursos a este tipo de actos protocolarios.
Exigen la suspensión del desplazamiento obligatorio
Por todo ello, la organización reclama la suspensión inmediata de la medida y propone recuperar el sistema tradicional de envío de certificados y documentación a los domicilios o comandancias de destino.
La asociación insiste en que debe priorizarse la seguridad ciudadana, la eficiencia operativa y la conciliación familiar de los agentes, frente a lo que califican como “autobombo institucional”.
